Asturias impulsa medidas contra el peaje de la AP-66
La comunidad vecina inicia medidas políticas, sociales y jurídicas para quitar el pago. Santano advierte que el rescate cae en el bolsillo ciudadano
El peaje de la autopista León-Campomanes, en La Magdalena
El Principado de Asturias ha decidido impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para lograr la supresión del peaje de la autopista León-Campomanes (AP-66), entre Asturias y León, y solicitar que se apliquen bonificaciones del cien por cien en tanto se produce esa eliminación.
Así lo acordó ayer la bautizada como ‘Alianza por las Infraestructuras’ del Principado, órgano formado el Gobierno de la comunidad vecina, la patronal y sindicatos, las cámaras de comercio, los grupos políticos con representación en el parlamento autonómico y entidades de distintos ámbitos de la sociedad asturiana, que volverá a reunirse el próximo 17 de octubre para definir las actuaciones concretas que se llevarán a cabo, como una gran movilización social en la plaza de La Escandalera de Oviedo, en la que participarán los miembros de este foro y que estará abierta a toda la sociedad asturiana. Paralelamente, han establecido contactos con el Gobierno de CyL para ejercer también un frente común, ya que la Comisión Europea dio un ultimatun a España el pasado mes de julio en el que advertía que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9 (Galicia), porque son contrarias a las normas europeas de licitación pública. El Ministerio de Transportes lo recurrió el pasado 17 de septiembre.
Hoja de ruta
El manifiesto acordado por la Alianza establece que el Gobierno de Asturias asume el liderazgo para la coordinación institucional, la movilización de la sociedad, la elaboración de una estrategia integral que refuerce la posición de la comunidad en todos los ámbitos y la exigencia al Gobierno de España para que aplique sin demora el dictamen europeo.
El documento plantea una hoja de ruta para lograr borrar el peaje con una estrategia integral, con toda la documentación técnica y jurídica; la defensa de la legitimidad europea, que «convierte la reclamación en una reparación justa y no en un privilegio»; y la exigencia al Ministerio de Transportes para que aplique el dictamen de la Comisión Europea, elimine el peaje y, mientras tanto, bonifique al cien por cien los viajes por la AP-66. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó la «posición común» que existe entre todos los participantes para que se ponga fin a la «ilegalidad» del peaje tras el dictamen emitido por la Comisión Europea.
Rescate «milmillonario»
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, advirtió ayer de que el rescate o la modificación de la concesión de un peaje de autopista tiene «unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias». A su juicio, «los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos, porque eso no sale del bolsillo de un Gobierno, sale de los bolsillos de los ciudadanos». Insistió en que esos peajes son «contratos complejos».