«No cabe andar chalaneando sobre el asunto de la birregionalidad»

Casi cien días después de que fuera investido por tercera vez presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera deja claro, en una entrevista concedida a la agencia Ical, que el mandato que recibió de las Cortes le impide cualquier «chalaneo» con la cuestión de la birregionalidad. Así, defiende que el Parlamento nacional enmiende el Estatuto en cuestión de competencias, «pero en lo que es y queremos que sea Castilla y León, la última palabra la tienen las Cortes», asegura. -Usted ha acusado al PSOE de cierta tibieza en el proceso final de la reforma estatutaria, ¿tenía algún temor fundado sobre la postura de los socialistas? -Por ser justo, no tengo ninguna duda del compromiso del PSOE con Castilla y León como comunidad autónoma. Pero puse sobre la mesa algunas dudas de última hora en cuestiones, legítimas, pero contradictorias con la posición que se ha defendido en los dos últimos años. ¡Qué casualidad que estas dudas se produzcan en un momento de clara debilidad del liderazgo de Ángel Villalba y del pacto en el Ayuntamiento de León! Ambas cosas me dieron que pensar y me movieron a solicitarle al presidente del Gobierno una entrevista para reiterar el esfuerzo realizado en las Cortes para dar sentido, contenido y rigor al texto y para defender que había que mantener el espíritu y la letra. No podíamos autoenmendarnos, no había ninguna razón. -Si no hubiera habido la reunión con Rodríguez Zapatero, ¿cree que el PSOE se habría atrevido a materializar las enmiendas? -No voy a entrar en si esas enmiendas pertenecían al PSCyL o a alguna persona distinguida de su Dirección. Yo lo que creo es que esa reunión con el presidente del Gobierno era oportuna y ha sido útil. -Más allá del debate de la birregionalidad, ¿desde la Presidencia de la Junta se mira con preocupación el 'in crecendo' de opiniones en clave leonesista? -No, yo respeto todas las opiniones. Lo he dicho estos días: el presidente de la Junta de Castilla y León está sujeto al mandato de las Cortes y, por eso, no cabe andar chalaneando en el asunto de la birregionalidad. No lo podía permitir. Entiendo perfectamente que el Parlamento o el Gobierno de la nación enmienden cuestiones que afectan a las competencias del Estado, pero en la configuración de lo que es y queremos que sea Castilla y León la palabra última, la palabra soberana, la tienen las Cortes de Castilla y León, que representan la voluntad de los castellanos y leoneses de forma directa. No podríamos entender que el Parlamento de la nación nos enmendara el modelo de comunidad que queremos y que, además, es totalmente respetuoso con la Constitución. -Pero en la sociedad leonesa cada vez hay voces más altas en clave leonesista y no sólo desde UPL. -A mí lo que me interesa es la expresión democrática de los ciudadanos y los ciudadanos en las nueve provincias de Castilla y León hace tan sólo tres meses han votado en clave de sus intereses, que son la sanidad, la educación, las infraestructuras, los servicios¿ Ese es el mandato democrático que hemos recibido. No me preocupa que haya opiniones en un sentido o en otro, lo que creo es que no podemos mermar y repensar permanentemente un proyecto común y de futuro en el que venimos trabajando 25 años. Cuando todas las comunidades están trabajando mirando hacia delante, no podemos estar mirando el retrovisor. Eso es lo importante, aunque también me preocupe que una parte de la comunidad pueda entender que la Junta tiene una visión chata y sólo atiende a una determinada zona de la región. -¿Cree que está bien atendida la 'sensibilidad leonesa' o requiere algún trato especial? -La sensibilidad leonesa es tanta como la de los cientos de miles de leoneses que hay. Yo lo que digo es que en este Estatuto está la mayoría absolutísima de los ciudadanos de León representada en las formaciones que lo han apoyado. Hay que estar atentos a la calle y me interesan las expresiones de individuos y grupos, pero nunca abdicaremos que las Cortes representan la sensibilidad de los leoneses. -Respecto a la financiación autonómica, ¿los criterios generales marcados por el Estatuto serán suficientes cuando hay otras comunidades que recogen compromisos concretos de inversión? -Ahí, partimos de un pecado original que puede ser un pecado mortal en el futuro debate de financiación autonómica. Yo no soy ningún radical respecto de que el Estado dirija inversiones a una u otra comunidad y estoy convencido de que Cataluña tiene muchas necesidades de inversión pública. Pero me parece un disparate, contrario al principio de solidaridad y contradictorio con un Gobierno socialista que las inversiones se negocien bilateralmente tres días antes de cerrar un presupuesto. Esa negociación bilateral se convierte automáticamente en privilegio para unos y en trágala para los demás. Desde Castilla y León no se puede compartir que se consagre, ni por un plazo limitado ni para siempre, el principio de pagar por renta y recibir por renta, ni pagar por renta y recibir por población. Eso es un contradiós, desde el punto de vista de la solidaridad. Los presupuestos del Estado se deben distribuir en función de las necesidades. Yo creo que hay un vicio de origen tremendo y la debilidad de este Gobierno ha situado unas condiciones que le van a plantear muchos obstáculos al futuro debate. -Hablando de discrecionalidad, ¿esos principios genéricos serán arma suficiente en la negociación? -Llevar esta cuestión en el Estatuto nos permitirá acudir con argumentos al debate y enfatizar, aunque no nos asegura nada porque deliberadamente hemos huido de poner un dogal al Estado en este sentido. -¿Entonces, qué más se puede hacer, aparte de enfatizar? -De momento, cambiar a uno de los interlocutores. Este Gobierno ha demostrado que no es fiable para negociar la financiación autonómica y eso afecta hasta el último de los ciudadanos. Ningún Gobierno anterior, por muy débil que fuera su situación parlamentaria, incurrió en ese grave, gravísimo error y no hay paños calientes: no me vale que el presidente diga que son sólo siete años. Consagrar ese principio me parece lo más grave que se ha hecho en España contra el principio de la solidaridad.