La Junta invertirá 2,2 M € en sellar escombreras ilegales en dos años

Avanzando a buen ritmo. Así se encuentra el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de León en enero de 2018 para tratar de poner fin a las 321 escombreras ilegales localizadas en la provincia y para instaurar medidas que permitan erradicar el vertido ilegal de residuos de construcción y demolición en los pueblos.

En este compromiso por limpiar de restos de obras los parajes de la provincia de León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ya ha redactado los proyectos para la restauración de más escombreras, unificadas en tres grandes proyectos, por valor de más de 2,2 millones de euros.

El primero de ellos acometerá la restauración de escombreras en la zona de Valencia de Don Juan, para lo que se ha previsto un presupuesto de 710.617 euros. El segundo comprende la zona de Riaño, donde se llevarán a cabo restauraciones ambientales por valor de 616.189 euros, mientras que el tercero eliminará estos puntos ilegales de Cacabelos por 877.717 euros.

Estos tres proyectos deberán estar finalizados en noviembre de 2020, según datos manejados por la Junta. En el marco de este convenio, hasta la fecha actual se han restaurado un total de 14 escombreras en la provincia de León por un importe de 110.412,85 euros, según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Estas escombreras se ubicaban en Cabreros del Río, Algadefe, San Pedro Bercianos, dos en Zotes del Páramos, Fresno de la Vega, Regueras de Arriba, Corullón, Berlanga del Bierzo, Cubillos del Sil, Folgoso de la Ribera, Vega de Espinareda, Astorga, Sancedo y Toral de los Vados. El montante de este convenio de colaboración entre ambas instituciones es de 11,9 millones de euros, de los que la Junta aporta 1,9 millones de euros y los diez restantes la institución provincial que asumió el compromiso de prestar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores que se generen en todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, mediante la colocación de contenedores específicos en áreas de aportación de residuos o a través de puntos limpios así como garantizar su funcionamiento y el correcto tratamiento de los residuos a través de los gestores autorizados correspondientes a cada caso.

Además, financia —junto a los municipios que previamente lo soliciten— la construcción de los llamados puntos de tratamiento de residuos (PTR). Hasta la fecha ya se han finalizado y subvencionado 143 de estos puntos de los 240 solicitados, lo que ya ha supuesto una inversión por parte de la Diputación de 2,4 millones de euros, según fuentes de la institución provincial.