La estirpe del carbón

La II Marcha Negra deja tras sí un rastro de desolación en Laciana. Vestidas de luto, con lazos negros, las cuencas del oeste, aguas abajo del río Sil, digieren su muerte anunciada. Villablino ha perdido el 30% de su población en los últimos diez años de silencio y paz social. Cinco mil habitantes menos, casi los mismos que viven en municipios como Fabero, Valverde de la Virgen o Valencia de Don Juan. La capital lacianiega no alcanza los 11.000 habitantes.

El pozo Calderón es el último en activo de lo que fue la MSP en sus cien años de historia. Y queda otra pequeña mina en San Miguel de Laciana. Los cielos abiertos muerden la montaña con potentes máquinas y escasa mano de obra. En Calderón Trabajan tantos mineros como empleados públicos tiene el Ayuntamiento de Villablino. Menos de 150. «Cuando se cierre este pozo, Laciana dejará de ser zona muy minera y aquí no ha llegado la reindustrialización», advierte Noelia González.

Su marido, Benito Álvarez, es uno de los doscientos mineros que caminan en busca de un destino para el carbón y su estirpe y uno de los mil del municipio que aún trabajan en las minas, la mayoría fuera de Villablino. Su hija mayor tiene la misma edad, 17 años, que Noelia en 1992. Entonces fue su padre quien se echó a la carretera, camino a Madrid, con 500 mineros para salvar la MSP, un gigante en quiebra y sin timón.

La empresa tenía entonces tantos trabajadores, unos tres mil, como los que llevan movilizados desde el 6 de septiembre para reclamar sus salarios y la aprobación de un decreto que desbloquee la compra del carbón por parte de las empresas eléctricas.

El horizonte del 29 de septiembre, en Bruselas, se vislumbra como un parche, pero también como una luz en la negrura que envuelve el futuro de la minería del carbón nacional que, de momento, sólo tiene garantizadas las ayudas hasta el 31 de diciembre de este año.

El pataleo

«No queda más remedio que el pataleo, pero son tan pocos...», lamenta Luciano Leiguarda, uno de los encerrados en el pozo Calderón, de Villager, en 1992. Entonces, recuerda quien era secretario comarcal de UGT, se trataba de salvar la empresa.

«Peleábamos por la subsistencia de la MSP, ahora por los salarios y por la pervivencia del sector», explica Augusto Pires, secretario regional de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Manuel Lastra, histórico de Comisiones Obreras en Laciana, pone el dedo en la llaga: «Y la sacamos de la quiebra, pero vino éste (el empresario Victorino Alonso) y se lo lleva todo con el permiso del Gobierno». La empresa, por el contrario, culpa al Gobierno del agujero de 92 millones de euros que ha causado en sus cuentas el corte de las compras de carbón por parte de Hunosa desde el mes de marzo. En un mismo centro de trabajo hay trabajadores que han cobrado el sueldo y no están de huelga -”los vigilantes, que pertenecen a otra empresa del grupo-” y otros que están sin cobrar y de servicios mínimos de mantenimiento.

El valle se siente hundido. Y dejado de la mano de un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que «mamó mucho de esta tierra», dice con pesar Leiguarda. Que la reindustrialización es un fracaso lo reconoce hasta la alcaldesa: «Laciana lo tiene mal porque carece de unas buenas comunicaciones y se necesita una implicación clara de las administraciones para derivar alguna actividad, de la comunidad autónoma y del Gobierno central».

Durante años, la reindustrialización funcionó como un espejismo. Ahora ni se habla del parador nacional. Después de ocho años está en fase de proyecto. El polígono industrial tiene una gasolinera y una empresa y los proyectos empresariales que se barajaron para Laciana se consideraron inviables. Hay una vía verde que lleva a Caboalles de Arriba por el antiguo trazado del ferrocarril minero y que recorren jubilados y prejubilados y sus esposas y el centro del urogallo en el mismo pueblo.

La planta de silicio, con 350 puestos de trabajo, o la de biomasa. «Dijeron que era inviable y la hacen en el Bierzo con biomasa de Laciana», lamenta Esther Escobar, artesana y esposa del minero artillero Francisco Aller. Es el presidente del comité de empresa de Coto Minero Cantábrico. «Se prejubila el 1 de octubre, pero seguirá en las movilizaciones porque la cosa se ve muy mal. Si se cierra la mina no va a haber escuela. ¿Dónde están los fondos del Miner? ¿Por qué no controlan el dinero que le dan a don Victorino Alonso?», preguntas que se repiten en cualquier conversación.

Enrique Pancorbo, que tenía 29 años cuando la Marcha Negra de 1992, apunta a las máquinas dumper que trabajan en el Feixolín, Fonfría y Carrasconte o Nueva Julia, los cielos abiertos que se explotan en el valle. Él también estuvo encerrado en Calderón durante 51 días para salvar la Minero y está molesto con el impago de las nóminas. «Compró la empresa por tres mil millones de pesetas y ahora tiene un imperio hecho a base de ayudas. Sólo con ir al cajero tiene para pagar los salarios».

Los sueldos de ahora, advierte, no valdrán para nada «si dentro de tres o cuatro años están en la calle». Pancorbo, con 48 años, está prejubilado. Cuando se encerró la mina acababa de nacer su tercer hijo. «El que nació de aquella está en el paro. Tengo una hija camarera y otro puso un negocio», comenta.

También Lastra tiene a su hijo pequeño en el paro. Ninguno salió con vocación de minero, pero de haberla tenido tampoco hay trabajo. Desde diciembre no se ha hecho ninguna nueva contratación y se estima en más de 120 el desfase de empleos que deberían haberse creado de acuerdo a las premisas de cuatro contratos por cada nueve prejubilaciones del Plan del Carbón.

Colchón de prejubilaciones

Hoy por hoy, los prejubilados son una parte importante del colchón social y económico de Laciana. Más de 1.800 mineros pasaron a las filas del paro en la última década. Hay muchos padres que van a la escuela a buscar a sus criaturas. En Villager la mayoría no se bajan del coche. Coches grandes y nuevos. Las madres van a pie.

Prejubilados son los dirigentes sindicales que están detrás de la huelga y las movilizaciones, como Pires (CC.OO.) y Maestro (UGT). «Ellos no tienen nada que perder», comenta un comerciante. «Tampoco que ganar», repone otro sindicalista. «Los prejubilados somos trabajadores en activo, seguimos cotizando a la Seguridad Social», repone Luis «El Cuco», que trabajó 24 años en Paulina, un yacimiento del que sólo se han explotado dos capas.

Paulina, María, Feixolín ... nombres de pozos para la historia. Como Bolsada, una explotación de montaña, por cuya bocamina fluye el agua de los acuíferos cortados por sus galerías. La mina empieza a ser historia en Laciana, pero la empresa todavía no ha cedido el pozo María para un proyecto de museo de la minería. Uno de tantos anuncios de futuro frustrados.

Comerciantes e industriales generan otros mil puestos de trabajo en la comarca. Y tratan de impulsar usos alternativos de la estación de esquí de Leitariegos con una ampliación prometida -”la alcaldesa y la presidenta de la Diputación se hicieron juntas la foto en enero-” pero que tampoco llega.

«Nos duele que no cuenten con nosotros y que se pida el cierre de los comercios de aquí para ir a Ponferrada a la manifestación del jueves, donde todo está abierto, en cuatro autobuses que paga el Ayuntamiento de Villablino», se queja el presidente de la Asociación de Industriales de Laciana, José María Arias. No es sospechoso de estar en contra de la movilización minera. Aunque no quiere mencionarlo tiene a su hermano caminando hacia León.

A la sombra del padre

Pablo Ferreira, de 31 años, es hijo de uno de estos prejubilados. Su padre, con 54, le ha ayudado en los últimos siete años a levantar un bar en el que trabaja catorce y quince diarias porque despacha los billetes de autobús. «Soy realizador de televisión, pero no había trabajo y decidí regresar. Estoy contento», confiesa el joven. Como él, varios hijos de prejubilados, han buscado la salida laboral en el autoempleo en Villablino.

Incluso los nuevos mineros, los más jóvenes, viven resguardados bajo el paraguas familiar. Lo confiesa Jonathan Do Nascimento Bardón, el más joven de la II Marcha Negra. Trabaja como ayudante minero en Coto Minero Cantábrico y estoy aguantando el tirón de los impagos y la huelga porque vive con su madre.

Gana entre 1.300 y 1.400 euros al mes, un poco más con horas extra por una jornada de siete horas y diez minutos, con 25 minutos de descanso para el bocadillo. Trabaja en Coto Minero Cantábrico, Cerredo, posteando o recuperando el hierro. «Nos dijeron que era el futuro. Y mira qué futuro: dos meses sin cobrar».

«Por vivir entre mineros» se hizo minero. «Si me hubieran enseñado otra cosa... Pero no me arrepiento. Volvería a entrar». Con 17 años entró a trabajar en una empresa subcontratada. «Es un trabajo duro, costoso y en el que a veces pasas miedo, pero no hay que tener madera especial. Más que nada hay que tener buena vista», comenta el joven minero. Su rostro y su vida laboral es un retrato robot de la última generación de mineros.

Las ilusiones de formar una familia están truncadas. «Si tengo un hijo ahora, en el 2014 ¿qué voy a hacer? No nos pueden poner fecha de entierro», lamenta Do Nascimento, que se ve emigrando, «¿hacia dónde en plena crisis mundial?», si no se alcanza una solución global

El grupo Alonso tiene más de medio millar de mineros en contratas y 1.330 en sus empresas Uminsa y Coto Minero Cantábrico repartidas por Laciana, Bierzo Alto, Palencia y Asturias. «Algo mejoré respecto a la subcontrata, en horario y en dinero», admite. Su padre, portugués, emigró para trabajar en la mina. En Villaseca de Laciana se casó con una omañesa. Es una historia que se repite. Aquí y en todas las cuencas mineras.

De inmigrantes a emigrantes

En los años 50 el municipio de Villablino tenía más habitantes que ahora. Y no digamos en los 60 cuando sobrepasó los 15.600 según los padrones de la época. Recibió gentes de Galicia, Portugal, Cabo Verde y, como el Bierzo, hasta de Pakistán. Las cuencas mineras fueron mestizas antes de las grandes migraciones del siglo XX. Y ejemplos de integración social.

Muchos se han ido. Algunos han dejado su descendencia. Paula Gomes Almeida, de 31 años, es hija de caboverdianas. Ella y su hermana son las únicas que quedan en el valle de la familia. Su padre está en Ponferrada. Ella acaba de recoger a sus hijas de la guardería privada que las atiende desde que salen del colegio hasta que ella termina su jornada laboral en un bar. «Mi padre fue de los primeros que vinieron y yo nací aquí». Paula es una lacianiega de color y ama el valle. «Están peor fuera que aquí. Hay gente que se ha ido y están volviendo porque no hay trabajo», apostilla. Y lo certifican algunas jóvenes que trabajan de dependientas en el último supermercado abierto en Villablino.

Más de 4.500 mineros portugueses y caboverdianos trabajaron en la Minero Siderúrgica de Ponferrada desde los años 60. Las cuencas mineras atrajeron a más de diez mil inmigrantes extranjeros en los años de esplendor del «oro» negro.

Sandra y Verónica, hijas, nietas, sobrinas y hermanas de mineros, ya han hecho el viaje de ida y vuelta. Marcharon del valle y han retornado. «Mi padre es jubilado, estuvo en la marca del 92 y hubiera ido ahora si le hubieran dejado», explica Sandra. Llevan el lazo negro sobre el uniforme: «Si nosotras no apoyamos, que somos quienes necesitamos un futuro... Y esto se ve mucho más negro que en el 92».

De Laciana a Tremor, pasando por Toreno, en todas las escuelas se hablado del problema minero. La única niña que vive en El Escobio, la hija de Augusta, lo lleva sobre su camiseta rosa. Y se lo tapa jugando. El poblado, entre Santa Cruz del Sil y Matarrosa del Sil, representa la decandencia de un sector que fue el motor de la economía leonesa durante varias décadas.

Las colominas de la otrora empresa Victoriano González, la primera mina que Victorino Alonso compró en el Bierzo, están desvencijadas y deshabitadas. Sólo quedan siete familias de más de medio centenar que vivieron en El Escobio. El viejo cine, al que se accedía con carné de la empresa, es una ruina más. Alicante, León, Ponferrada, Portugal... son las nuevas residencias de los mineros prejubilados y sus familias que abandonaron la barriada, aún propiedad de la empresa. Regresan de vez en cuando «a hacer un churrasco o en verano a pasar unos días».

Montañas de carbón

Al otro de la lado de la carreterra c-631 se acumulan las montañas de carbón que están en la raíz del conflicto del 2010. Desde marzo, cuando Hunosa dejó de comprar el carbón a las empresas mineras privadas, el grupo de Victorino Alonso ha acumulado 1,8 millones de toneladas de carbón. «En el mejor de los escenarios, si el decreto se aprueba el 29 de septiembre, recibiremos los primeros ingresos por este carbón en enero», señala el portavoz del grupo Alonso. La cosa va para largo y se auguran sorpresas.

Cerca de las siete de la tarde, el tráfico desde Toreno a Villablino va en aumento. La Marcha Negra ya entró en el pueblo y los mineros, recién duchados, extienden las colchonetas en el pabellón donde pasarán la noche. Toreno, que luce una flamante casa consistorial frente a la Picota, no ha visto tanta gente en muchos años. En una década ha perdido 600 habitantes, el 15% de su población, que en los mejores tiempos superó las cinco mil almas.

El cinturón de Bembibre ofrece otra imagen bien distinta. También ha mermado su población, pero tiene ya tantos habitantes como Villablino. El polígono industrial revela que la economía aquí está más diversificada y es más dinámica. El auditorio que se levanta al lado de la autovía se erige como un icono de la villa del siglo XXI. Una especie de navío plateado.

Las Ventas, Albares y Folgoso dejan ver a un lado y a otro de la carretera que conduce a Torre a la derecha y a Tremor por la izquierda naves industriales y vistosos chalés, aunque la población también ha ido a menos.

Nunca conoció Tremor, ni los mineros que trabajaron en las entrañas de los montes atravesados por el Boeza, una carretera mejor. A nadie se le escapa que esta vía de comunicación, que llega hasta Omaña, está hecha con los fondos Miner.

Minas a la puerta de casa

En Tremor de Arriba las minas también estaban a la puerta de casa, de las colominas. Pero no queda ni rastro de Mina Josefita y Quiñones. Un muro tapa las antiguas bocaminas, víctimas de la primera reconversión del sector minero a finales de los años 80.

Quedan dos bares de los más de veinte que llegó a haber, se mantiene abierta la farmacia, el consultorio médico, el banco y la caja. Hay polideportivo y piscinas. «Tenemos de todo pero no gente», aclara una vecina. Quedan siete mineros en el pueblo, los demás vienen al tajo desde Bembibre, Ponferrada y Astorga, con sus coches. Hace tiempo que se acabó el transporte de las empresas, como los vales de carbón.

Hay que atravesar el pueblo para llegar a lo que queda de Alto Bierzo, propiedad del grupo Viloria. Donde trabajaron más de 300 mineros hoy no llegan al centenar. Allí están encerrados, a seiscientos metros bajo tierra, diez mineros de los catorce que entraron en el pozo Casares el 6 de septiembre para no salir «hasta que esto se arregle».

El Bierzo Alto, la cuenca del Tremor y el Boeza, fue el reino de los chamizos en los años 60-80. Las gentes que quedan, sobre todo jubilados, mantienen intacto el espíritu reivindicativo minero. Los encerrados están abajo, con la compañía de una televisión. Un facultativo les hace llegar un «pincho» con las últimas grabaciones.

En el exterior, delante de la bocamina, y pendientes de la carrucha y el calendario están en guardia permanente vecinas y vecinos de Tremor. Y familiares de los encerrados, como Lucinda Tafula, madre de José Luis Tafula, de 32 años, uno de los encerrados.

La mujer está nerviosa y preocupada. Cuando vio al jefe de la empresa tuvieron que pararla para que bajara su bastón. «Va a perder la salud ahí dentro, ya son muchos días y ahí abajo hay mucha humedad». Ahí abajo, a la mina, sólo baja quien autoriza la dirección de la empresa. Y los vigilantes cumplen escrupulosamente las órdenes. Les va el puesto en ello.

Los dos bares del pueblo se turnan para llevar las comidas a los encerrados, cuya voz suena lejana, casi un hilo, al otro del teléfono. Es Pedro Leite, un angoleño que emigró con su familia desde África a Portugal y de Portugal a las minas leonesas siendo un crío. «No vemos llegar el día, pero estamos bien», tranquiliza. Este hombre, con una hernia discal, hay días que pasa siete horas en un agujero de 28 centímetros. Es ayudante minero, «chico para todo», desde hace 17 años, la mitad de su vida y ha pasado por todos los grupos de Alto Bierzo: Malabá, Torre y Casares, donde está destinado ahora. Los otros ocho encerrados son polacos y trabajan en una subcontrata. «Funcionan como una familia y quisieron estar juntos», aclara un sindicalista.

«Los mineros tenemos cada día menos derechos, cobramos menos y piensan que somos millonarios», se lamenta uno de los pocos mineros que viven en Tremor. Es el padre de Roberto. El niño más pequeño del pueblo. «No, no quiero que mi hijo sea minero», dice tajante este ayudante de barrenista que también lleva trabajando diecisiete años en la mina. «Me queda bastante en el caso de que llegue a algún plan de prejubilación». Lo único escrito, por ahora, es que las ayudas al sector caducan el 31 diciembre.

«Más que las nóminas, queremos ver un futuro. Que el carbón que estamos sacando lo quemen en las centrales térmicas y cumplan el artículo 14.1 del Plan del Carbón», aclara un sindicalista. Lo que no aclara nadie es por qué otras empresas, con el mismo problema, sí pagan la nómina.

Un jubilado que trabajó durante 37 años en la mina es uno de los que se suman al «velorio» nocturno por los encerrados en el grupo Casares. «Esto no se queda nunca vacío», dice con orgullo. Orgullo de minero.