La adicción más joven: ayuda en dos pasos
La virulenta disputa entre los nuevos todopoderosos y multimillonarios empresarios tecnológicos, los 'tecnooligarcas', y Pedro Sánchez es nueva, la preocupación por los efectos de las redes sociales no. Once jóvenes leoneses menores de 19 años reciben atención en León. Son adictos al porno, a las criptomonedas y a los influencers
El 4 de febrero, a media tarde, el dueño de Telegram invadió los teléfonos de los usuarios españoles de su plataforma de mensajería con una alerta masiva en la que acusaba a Pedro Sánchez de imponer un «Estado de vigilancia» después de que el presidente anunciara un paquete de medidas legislativas para proteger a los menores de 16 años en las redes sociales. Y, de paso, un intento de limitar su poder. Un paso más en la escalada de los multimillonarios propietarios de las comunidades virtuales —"tecnooligarcas», los llama Sánchez— contra el Gobierno soberano de una nación, un movimiento que nunca se había producido hasta ahora, para el que se utilizó una notificación en un chat oficial de la aplicación para una arenga política masiva.
Pável Dúrov, copropietario junto con su hermano de Telegram, se sumó así a las críticas de Elon Musk contra el presidente español, al que el antiguo asesor y amigo de Trump llamó «dirty Sánchez», sucio o manchado Sánchez, que hace referencia también a una práctica sexual escatológica.
Dúrov tiene una fortuna estimada de 17.100 millones de dólares. Elon Musk tenía a las 12 de la mañana del 1 de febrero de este año, según la Lista Forbes, 775.000 millones de dólares, 3,1 veces los Presupuestos Generales del Estado español para 2026, incluyendo los fondos europeos. Pável Dúrov está investigado en Francia por cargos relacionados con la complicidad en delitos de crimen organizado, distribución de pornografía infantil y tráfico de estupefacientes a través de su plataforma. Musk aparece en los papeles del pederasta Epstein.
El mensaje de Dúrov tuvo respuesta inmediata de la Moncloa: «Es un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales: está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones». Sánchez también respondió a Musk en X, la red del magnate: «Mars can wait. Humanity can't". (Marte puede esperar. La humanidad no.)».
Esta disputa política virulenta entre los nuevos todopoderosos empresarios globales y un político en el poder es nueva, la preocupación por los efectos de las redes sociales no. Especialmente en los menores.
La línea de ayuda 017 del Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que atendió el año pasado 142.767 consultas, recibió 3.302 reportes de contenidos inadecuados relacionados con abuso sexual infantil en su 'hotline' a través del teléfono nacional, gratuito y confidencial 017, los canales de mensajería instantánea en WhatsApp 900 116 117 y Telegram @INCIBE017 o a través de su formulario web. El 19 % de las consultas de los menores y su entorno fue sobre privacidad y reputación online, el 18 % por sextorsión y el 10 % por suplantación de identidad por robo. El 5 % de las consultas de menores han solicitado ayuda y asesoramiento sobre casos de ciberacoso.
Proyecto Joven León, una iniciativa de Proyecto Hombre especializada en la prevención e intervención en adicciones y conductas de riesgo para adolescentes y jóvenes, una especie de «sucursal» para abordar las nuevas adicciones, lleva decenas de casos atendidos desde que hace cinco años ayudó al primer joven que acudió a su centro por una adicción a nuevas tecnologías. Hoy hacen terapia once, todos entre 16 y 19 años, diez chicos y una chica leoneses.
En Proyecto Joven, que actúa mediante programas educativos y terapéuticos que involucran activamente a la familia, no creen que el veto de las redes sociales para menores de 16 años vaya a surtir efecto. «No va a servir para nada», vaticinan. «Los jóvenes saben bien cómo sortear las prohibiciones. Dominan esta herramientas, mucho más que sus padres, que los adultos. Siempre encontrarán un truco para entrar», dicen.
Ellos han encontrado algunas estrategias que son efectivas para tratar las adicciones a las redes sociales, Internet y al teléfono móvil y las explican en su escuela de padres, donde las familias afectadas comparten medidas que han ido aplicando en sus casas y que les han dado resultados.
Sorprende que todo se resuma en tres puntos. Y no sólo para tratar la adicción de los menores a las pantallas sino también para prevenirla. Jorge Juan Peña Albillo, 27 años al frente de Proyecto Joven-Proyecto Hombre León, explica estas tres medidas que contienen dos pactos.
«Uno: el uso del teléfono móvil tiene que ser siempre en el salón, en un lugar público en el que los padres estén presentes, nunca en la habitación, con la puerta cerrada y a solas. Dos: el teléfono móvil tiene que estar siempre fuera de la habitación a la hora de dormir, nunca en la mesita de noche, siempre en un lugar que determinen los padres y que esté bajo su control o supervisión». El tercer punto, desgrana Peña, es tan importante como los otros dos: la formación de los padres.
«En casa es donde todo se puede hacer, donde todo se puede corregir», apostilla. «Los padres tienen que saber detrás de lo que andan sus hijos», añade.
Hace una reflexión que invita a analizar. «En el colegio, las normas. En la familia, los pactos», explica el presidente de Proyecto Joven. «El colegio prohíbe el teléfono móvil en las aulas y lo permite sólo en el recreo, por ejemplo, marca sus pautas y las impone. En casa debe prevalecer el diálogo entre padres e hijos, tiene que haber un compromiso, con cumplimiento, de lo que se pacta entre ellos».
«El grupo de WhatsApp de mi hijo está activo a las 6 de la mañana», dice la madre de un niño menor de 13 años. Se wasapean toda la noche.
Lo corroboran en Proyecto Joven. «'Duermo mal', se quejan los jóvenes. Normal, se pasan la noche a la pantalla, chateando, en Instagram o en las plataformas viendo series», apuntan. «Por eso insistimos en que el móvil tiene que estar por la noche fuera del dormitorio», incide Peña Albillo.
De los once jóvenes y menores que tratan actualmente en el centro desde enero de este año, mayoritariamente de 16 años y chicos, la mayor parte tiene adicción a la pornografía y varios tienen problemas económicos porque son adictos a las criptomonedas o a las apuesta de fútbol. «Se juegan las propinas que les dan o sus ahorros, aunque sea cinco euros, la cantidad no importa, lo que buscan es la tensión que genera la apuesta». La adrenalina.
Detectan diferencias por sexo. Ellos al porno, los juegos de azar y la violencia, al sexo, el dinero y a todo lo que comporta riesgos. Ellas a los influencers, las compras compulsivas, los problemas alimentarios y a los sentimentales, a los que se han unido ahora la obsesión por el 'skin care', el abuso de productos cosméticos incluso en edades muy tempranas.
Esta preocupación ha asaltado a Elisa Rapado, una madre leonesa de dos niñas de cinco años y catorce meses, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas en change.org para que se prohíba la publicidad y se retiren los productos tóxicos de los cosméticos infantiles. El mercado mundial de maquillajes para niñas movió el año pasado 1.375 millones de euros, y creciendo.
Desde Proyecto Joven envían un mensaje de optimismo y de apoyo a las familias que se enfrentan a este problema, a las nuevas adicciones jóvenes.
«A veces sienten vergüenza y esto retrasa la solución, pero la hay», inciden. Explican que hay jóvenes que pasan el 'mono', como si fueran adictos a la heroína o a los porros, «pero es muy leve. Es la ventaja de que son jóvenes, todo es más fácil». Advierten de que en, ocasiones, quitarle el teléfono de golpe a un joven puede hacer que se vuelva violento con la familia, «incluso si sólo se le llama la atención porque dedican mucho tiempo a la pantalla». Y alertan de que el problema mayor se genera en vacaciones. «Durante el curso, sin los móviles en clase, hay al menos siete horas en las que no están enganchados al teléfono, pero en vacaciones el uso se dispara».
«Las redes se van a quedar, nos pongamos como nos pongamos», advierte Jorge Juan Peña. No cree que las medidas gubernamentales de prohibición vayan a ser efectivas. Él apuesta por la familia, el entorno más próximo de los jóvenes, y por la educación.
También lo hace el presidente del Colegio de Abogados de León, David Díez Revilla. «Las redes sociales son un reflejo de la pérdida de valores de nuestra sociedad, indiferentes, fugaces y con satisfacción pasajera. Las personas debemos defender los valores que trasciendan en el tiempo», apunta.
Que los más jóvenes están indefensos psicológicamente ante las redes sociales, su poder e influencia lo dejan claro todos los psicólogos y psiquiatras consultados, pero ¿están indefensos también legalmente?
«No, rotundamente no. Existe un marco legal robusto en España para proteger a las víctimas de acoso en redes sociales. El problema real no es la falta de herramientas legales, sino el desconocimiento ciudadano sobre cómo utilizarlas y las dificultades probatorias inherentes al medio digital», alega Laura Frá, abogada y miembro de Enatic, la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC, principal asociación de abogados y profesionales del Derecho Digital en España de la que es vocal de su Junta Directiva.
«Contamos con el Código Penal para delitos de acoso, amenazas, injurias, revelación de secretos o sextorsión, la Ley de Protección de Datos, la legislación sobre protección de menores y los mecanismos civiles para reclamar daños. La sensación de indefensión surge más de la velocidad de difusión del contenido dañino, la aparente anonimato de los agresores y la complejidad técnica de preservar pruebas digitales que de una carencia normativa», explica Fra, formada en transformación digital en el Mit, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad privada considerada por numerosos ránkings como una de las mejores y más prestigiosas a nivel mundial.
Denunciar no es siempre la mejor primera opción, alerta. «En casos graves, como amenazas, contenido sexual de menores, suplantación de identidad, acoso persistente... la denuncia es imprescindible y urgente. Pero en situaciones menores, a veces medidas alternativas como el bloqueo, la configuración de privacidad o la mediación pueden ser más efectivas y menos desgastantes», añade. «Hay que evaluar la gravedad de los hechos, las posibilidades reales de identificar al agresor, el impacto emocional del proceso judicial en la víctima, especialmente si es menor, y qué resultado buscamos realmente», reflexiona. «Un proceso penal puede prolongarse años y no siempre logra el efecto reparador que la víctima necesita», apunta.
Un cliente que quiere denunciar se enfrenta a un camino complejo «pero transitable con asesoramiento adecuado», explica. Advierte de que el primer obstáculo es el reto probatorio: hay que preservar inmediatamente las evidencias digitales mediante capturas de pantalla con valor probatorio, lo mejor notariales o ante fedatario público, o empresas que certifiquen la veracidad del contenido a través de un tercero de confianza, URL, metadatos, etc. El segundo son los tiempos judiciales: «Los procedimientos no son rápidos, y mientras tanto el contenido puede seguir circulando». Tercero, el proceso de identificación del agresor: «Si actúa tras perfiles anónimos, necesitaremos oficios judiciales a las plataformas y operadoras para obtener datos de conexión, lo que dilata el proceso». Y algo más, a veces olvidado pero fundamental: «Hay que prepararse emocionalmente. Declarar sobre hechos traumáticos, revivir situaciones dolorosas. Por eso insisto en que el acompañamiento legal especializado y, en muchos casos psicológico, es fundamental».
«Lo más preocupante es la brecha entre la velocidad de evolución tecnológica y la capacidad del sistema judicial para adaptarse. Cuando regulamos Tik-Tok, los menores ya están en la siguiente plataforma», advierte Fra. «El tiempo es crítico: cada día que pasa el contenido se replica, se descarga, se comparte. Por eso la rapidez en actuar es determinante», añade.
Reconoce avances significativos en la Administración de justicia para abordar este nuevo problema social y legal, «con formación judicial especializada, fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, protocolos específicos para delitos digitales y contra menores. Pero persisten carencias significativas».
«Muchos juzgados aún carecen de medios técnicos adecuados para analizar pruebas digitales. Los tiempos procesales no se adaptan a la urgencia que requieren estos casos: cuando se ejecuta una orden de borrado, el daño reputacional puede ser irreversible. Falta coordinación real con las grandes plataformas tecnológicas», denuncia.
Ha llevado en León casos relacionados con delitos digitales, principalmente en el ámbito de derecho de familia donde convergen ciberacoso entre menores, suplantación de identidad en contextos de ruptura de pareja, difusión no consentida de imágenes íntimas, vulneración de privacidad por acceso no autorizado a dispositivos o cuentas y asuntos de protección de datos y derecho al olvido. «Cada caso confirma que el daño psicológico es desproporcionado respecto a la simplicidad técnica con que se comete la agresión: un clic puede destruir la reputación construida durante años», advierte.
Por eso aconseja como primera medida, al igual que psicólogos, psiquiatras y los especialista de Proyecto Joven, la educación digital desde la infancia. Y la configuración estricta de privacidad en todas las plataformas, no compartir información sensible públicamente, «pensar antes de publicar, todo deja huella digital permanente» y, en menores, la supervisión parental activa «no invasiva», la comunicación abierta y «establecer límites razonables».
Si el delito ya se ha producido, Fra insta a no borrar nada, documentarlo todo, bloquear al agresor pero no denunciar de manera rápida el contenido a la plataforma hasta que lo aconseje un especialista, acudir de inmediato al aseoramiento de un profesional adecuado, valorar la conveniencia de presentar una denuncia, activar protocolos en el colegio si es un menor, pedir apoyo psicológico y solicitar medidas cautelares. Pero, sobre todo, recomienda «romper el silencio».
«El acoso digital prospera en el aislamiento de la víctima», alerta.
Fra y el presidente del Colegio de Abogados de León lanzan un mensaje a los abogados leoneses. Les parece «preocupante» la escasez de profesionales que se involucran en esta rama de defensa, «considerando que los conflictos digitales están en todas las ramas del Derecho: familia con el ciberacoso y el control parental, penal con los delitos informáticos, mercantil con competencia desleal online, laboral con el control empresarial de dispositivos, administrativo con la protección de datos y civil con la responsabilidad de las plataformas. Creen que hace falta más formación especializada y que los colegios profesionales impulsen esta especialización como área prioritaria.
«Percibimos un incremento exponencial de consultas relacionadas con redes sociales, especialmente involucrando a menores. La pandemia aceleró brutalmente la digitalización y con ella, los conflictos digitales», apunta Laura Fra.
Son los nuevos retos de las sociedades modernas, agravadas por la alta impulsividad de los niños y adolescentes, la búsqueda de nuevas sensaciones, la falta de supervisión y el entorno social. El desafío de las adicciones más jóvenes. El nuevo gran reto social.
La ayuda:
Proyecto Joven: info@proyectojoven.org, dirección@proyectojovenleon.org, www.proyectojoven.org
Incibe: el teléfono nacional, gratuito y confidencial 017, los canales de mensajería instantánea en WhatsApp 900 116 117 y Telegram @INCIBE017 o a través de su formulario web.
Colegio de Abogados de León: C/ Conde Saldaña, 4, 24009 León. Teléfono: 987 26 20 46
Una reunión de terapia familiar en Proyecto Joven León.
Hacerlo así en casa
— Primer pacto en familia: el teléfono siempre se visionará en el salón o un lugar público de la casa, donde los padres puedan tener un control sobre lo que hacen sus hijos. (Nunca dejar que estén solos en su habitación y menos con la puerta cerrada).
— Segundo pacto en familia: el teléfono móvil y todos los dispositivos electrónicos estarán fuera de la habitación durante las horas de dormir, nunca en la mesita de noche del menor. (No debe quedar ninguna pantalla en el dormitorio y móviles y otros dispositivos deben estar en un lugar controlado por los padres).
— En los centros educativos y colegios se imponen normas, en las familias se pacta y se respetan y cumplen los acuerdos.
— Formación de los padres sobre riesgos de las redes sociales y las tecnologías y control parental sobre sus hijos.
— Recibir atención especializada por psicólogos, psiquiatras o médicos de cabecera para calmar la ansiedad de los menores y jóvenes ante la adopción de medidas para restringir el tiempo de uso de las pantallas. Hay, dicen, medios naturales que un médico de familia puede recomendar.
Hacerlo así legalmente
— La educación digital desde la infancia: no solo uso técnico, sino ética digital, consecuencias legales, empatía online es básica.
— La configuración estricta de privacidad en todas las plataformas.
— No compartir información sensible públicamente.
— Pensar antes de publicar: todo deja huella digital permanente.
— En menores: supervisión parental activa (no invasiva), comunicación abierta, establecer límites razonables.
SI YA HA OCURRIDO:
— No borrar nada: guardar todas las evidencias (capturas con fecha/hora, URLs, conversaciones completas).
— Documentar: cómo, cuándo, desde qué perfiles, testigos.
— Bloquear al agresor pero NO denunciar el contenido en la plataforma aún (puede desaparecer antes de documentarlo legalmente).
— Asesoramiento profesional inmediato: abogado especializado en derecho digital.
— Valorar denuncia: policial y/o judicial según gravedad.
— Protocolos escolares: si afecta a menores, activar protocolos de convivencia del centro.
— Apoyo psicológico: fundamental para víctima y familia.
— Solicitar medidas cautelares: órdenes de alejamiento, retirada urgente de contenido.
Como ACTITUD FUNDAMENTAL: importante romper el silencio. El acoso digital prospera en el aislamiento de la víctima.
El peligroso juego de las criptomonedas
La estadística oficial califica como jugadores problemáticos a casi el 5% de los estudiantes españoles de secundaria, lo que supone un aumento del 25% de víctimas adolescentes del juego en solo dos años. Es un dato tremendo, pero engañoso, porque no refleja del todo la magnitud del problema. Lo cierto es que estamos ante una adicción sin sustancia que se centra fundamentalmente en los chicos. Roza la ludopatía el comportamiento habitual del 8,4% de los alumnos de entre 14 y 18 años, lo que significa un crecimiento del 40% del juego problemático entre los varones desde 2023. A los 18 años, el riesgo de ludopatía afecta ya a uno de cada diez estudiantes. De hecho, entre ellas, quienes tienen juego problemático son solo el 1,4%, con un descenso del 30% en los últimos dos años. Los adolescentes adictos al juego son seis veces más que sus compañeras de clase.
El problema es la enorme cantidad de menores de 18 años que juegan. El 13% lo hace ‘online’ (un máximo histórico) y el 21% de forma presencial. En ambos casos se registran subidas de más del 20% desde 2023. Pero si solo se mira a los varones, más del 20% juega ‘online’ y el 30% presencial, entre 2,5 y 5 veces más que las chicas. La mayor concentración de riesgo se da en el juego ‘online’, con casi tres de cada diez adolescentes que lo practica afectados de juego problemático, un 17% más que hace dos años.