Sólo el PP de Valencia acepta llevar imputados en sus listas electorales
Madrid se suma a Baleares y veta sus registros a todos los candidatos que estén inmersos en procesos por corrupción, con independencia del cargo que ocupen
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la comunidad valenciana, Camps.
Una excepción muy incómoda para Mariano Rajoy. El PP de Valencia se queda sólo en su pretensión de admitir en sus candidaturas a imputados en causas judiciales. Ninguna otra dirección territorial popular contempla esta posibilidad de cara a los comicios autonómicos del 2011, según una consulta realizado por este periódico entre las principales direcciones autonómicas populares.
José Ramón Bauzá, presidente del PP balear, comunicó a principios de semana su taxativa decisión de excluir de la carrera electoral a cualquier persona involucrada en un proceso penal, con independencia del cargo que ocupen en la actualidad. Una decisión muy criticada por los afectados pero con la que Bauzá, que advierte de que «no habrá marcha atrás», quiere enterrar definitivamente el convulso pasado de los populares de las Islas Baleares, marcado especialmente por las denuncias por corrupción que pesan contra el ex presidente de esta comunidad, Jaume Matas.
El valiente gesto de Bauzá tiene varias interpretaciones en clave interna. ¿Un mensaje para navegantes? En el puerto de Valencia no se dan por aludidos. Continúan, contra viento y marea, defendiendo la tesis de la conspiración y de la «falsedad» de las acusaciones policiales y fiscales en los casos Gürtel, que investiga los presuntos tejemanejes de El Bigotes con la Generalitat valenciana, y Brugal, que se cobró el viernes una dimisión, aunque curiosamente no del PP sino del PSOE -”se trata del portavoz socialista en la Diputación alicantina que presuntamente navegó hacia aguas turbias en el mismo bando que sus enemigos políticos-”.
Estos dos sumarios, además de ser el principal contratiempo del PP, tocan la línea de flotación del partido en esta comunidad. Francisco Camps necesita contar con esta prebenda de Génova para tener el margen de maniobra suficiente para rehabilitar, aunque sólo sea de manera electoral, a sus compañeros en el Gobierno regional y a otros dirigentes, como el alicantino Joaquín Ripoll, si finalmente son acusados penalmente. Llegado el caso, la inocencia y la culpabilidad marcarían un nuevo escenario, pero que no se producirá antes de la convocatoria electoral del 2011, debido a la complejidad procesal de ambos casos.
Un precipicio al que, de momento, también se asoma el propio Camps. El presidente está la espera de conocer si, como está previsto, el magistrado José Flors lo sienta en el banquillo acusado de un presunto delito cohecho impropio, que se habría producido al aceptar el regalo de unos trajes de una de las empresas del entramado Gürtel.
Génova ha optado por nadar y guardar la ropa, es decir, bendice la contundencia de sus acólitos en baleares, pero sin poner entre la espada y la pared a Valencia.