El juez escruta los contratos con la Generalitat valenciana de Urdangarin
Imputa por prevaricación a una ex alto cargo de Francisco Camps en Cacsa.
Francisco Roig y su abogado, a su llegada al juzgado.
El juez que investiga a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, José Castro, volvió a poner ayer en el punto de mira los millonarios contratos firmados por el yerno del rey con la Generalitat valenciana y el ayuntamiento de Rita Barbera, por los que éste y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, se llevaron más de 3,4 millones de euros en tres años, uno de sus grandes pelotazos.
El magistrado centra sus pesquisas en las adjudicaciones concedidas a Urdangarin por la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), dependiente del Gobierno autonómico, entonces presidido por Francisco Camps. Cacsa fue el organismo público encargado de sufragar la organización del foro internacional de turismo y deporte Valencia Summit, en el 2004, 2005 y 2006, junto a la Fundación Turismo de Valencia, perteneciente al consistorio local.
El juez Castro y el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach se desplazaron ayer de Mallorca a Valencia para interrogar a 16 testigos en relación con el patrocinio y organización de Valencia Summit. Entre ellos los empresarios Francisco y Fernando Roig, máximo mandatario del Villarreal Club de Fútbol, los ex presidentes del Valencia Juan Bautista Soler y Vicente Soriano, o el vicealcade de la ciudad, Alfonso Grau.
Los peor parados fueron María de los Ángeles Mallent Añón, ex jefa de los servicios jurídicos de Cacsa, y Lluis Lobón, actual secretario autonómico de Turismo. Tanto el fiscal como algunas de las partes personadas pidieron al juez la acusación formal de ambos. En el caso de Mallent, por no realizar los informes pertinentes sobre la contratación con el Instituto Nóos, y a Lobón por irregularidades en los contratos, según fuentes jurídicas. Por ello, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma imputó a ambos por un delito de prevaricación.
Canon anual
El hilo de esta nueva imputación proviene del que era director de Cacsa entre el 2005 y el 2009, Jorge Vela, al que el juez Castro acusó formalmente en diciembre pasado junto a su antecesor en el cargo, José Manuel Aguilar, que estuvo al frente entre el 2002 y el 2005. Ambos funcionarios fueron los responsables directos de los acuerdos de Cacsa con el marido de la infanta, por el que Nóos se llevó 3,1 millones de euros, pues garantizaron a la fundación sin ánimo de lucro’ un «canon» anual de 1,04 millones —900.000 euros más IVA— por las tres ediciones de Valencia Summit, según Anticorrupción.
Por otra parte, la Mesa del Congreso rechazó ayer las preguntas al Gobierno presentadas por Izquierda Unida sobre la presunta colaboración del rey y la infanta Cristina en los negocios de Iñaki Urdangarin, con el argumento de que el sumario judicial está declarado secreto.