Los impulsores del proceso catalán ven probable que no se celebre la consulta

A escasos cuatro meses del 9 de noviembre, en plena cuenta atrás para la fecha de la consulta sobre la independencia de Cataluña, los tres principales impulsores de la votación, el Gobierno catalán, Esquerra Republicana y la Asamblea Nacional Catalana, aunque con matices y en un tono distinto, admiten ya en público la posibilidad de que el referéndum no pueda celebrarse.

Primero fue la Generalitat, que lleva meses reconociendo las dificultades que tendrá para poder sacar adelante la consulta y que intentará llegar hasta donde le deje la legalidad, previsiblemente no más allá de la convocatoria de la cita, que será recurrida por el PP y el Gobierno. Los últimos en asumir que puede que no haya votación han sido Esquerra y la Asamblea. Oriol Junqueras afirmó el miércoles que su partido trabaja en un plan B por si falla la consulta, lo que es lo mismo que situarse en un escenario sin cita con las urnas, mientras que Carme Forcadell, presidenta de la ANC, aseguró el domingo que «si no fuera posible el referéndum, la Asamblea daría apoyo a cualquier iniciativa» que impulsara el Parlamento catalán.

Palabras que dijo luego que se sacaron de contexto, pero que no sentaron nada bien en los sectores más radicales del independentismo, temerosos de que la supuesta oferta que se especula que el Gobierno central puede hacer al catalán antes del 9 de noviembre pueda desactivar el proceso soberanista o al menos dividir a sus impulsores. A la vista de las ampollas que levantó, Forcadell regresó ayer a su discurso clásico, pidió que no se hable de planes B porque deslegitima la consulta, y apostó por apurar hasta el final para que el día de la consulta el Gobierno central «se retrate a sí mismo, retirando las urnas» de la calle si quiere impedir la votación.

Planes B ocultos

El caso es que durante el desarrollo del proyecto de transición nacional nadie ha querido hablar de alternativas al referéndum y sin embargo hoy todos los actores implicados reconocen que trabajan en alguna otra opción por si el objetivo número uno no puede superar el escollo legal. Eso sí, prefieren no dar pistas. El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, que anticipó ayer un otoño «extraordinario» con «grandes oportunidades» para Cataluña, insistió en que la hoja de ruta se mantiene invariable y en cuanto la cámara catalana apruebe la ley de consultas, Artur Mas firmará el decreto de convocatoria.

A partir de ahí casi todo es posible. El plan que suena con más fuerza, apuntado incluso desde el Gobierno catalán, habla de elecciones autonómicas anticipadas de carácter plebicitario, en las que Convergència y Esquerra compartirían lista y en las que Artur Mas ya no iría como cabeza de cartel, sino que los jefes de filas serían personalidades vinculadas al ámbito soberanista.

Homs desmintió este jueves esta posibilidad. En cualquier caso, las plebiscitarias, que no las descarta ni la Asamblea, podrían no coincidir con el 9 de noviembre y también se especula con que podrían celebrarse después de las elecciones generales del año que viene. Con las encuestas favorables, Esquerra, que podría entrar en el Gobierno de Mas en caso de que no haya consulta, ha dejado de tener prisa y quiere exhibir todo su poderío creciente en las municipales de la próxima primavera.

Último recurso

Los otros planes B que están sobre la mesa, advertidos por el que será dentro de diez días nuevo primer secretario del PSC, Miquel Iceta, son la convocatoria de la consulta diga lo que diga el Constitucional, posibilidad de la que Mas se ha desmarcado, no así Junqueras; o que la organización del referéndum soberanista corra a cargo de la sociedad civil, la Asamblea Nacional Catalana por ejemplo, aunque su validez y su repercusión sería mucho menor. De momento, la Generalitat no cierra ninguna puerta. «Queremos tener previstos todos los escenarios», dijo Francesc Homs, desde la reacción más «beligerante (del Gobierno central) a la más inteligente», remató.