Cuando el aula es el campo de batalla

«Imparto clases en un IES. Lo estoy pasando mal y no sé muy bien cómo enfrentar la situación. Uno de los grupos de segundo de la ESO se me ha ido de las manos. Lo que comenzó con malas contestaciones y faltas de respeto de dos alumnos se ha convertido en algo habitual dentro del grupo: pies encima de la mesa, salidas de tono, insultos entre los alumnos en voz alta, comentarios hirientes hacia mi persona con el consiguiente alboroto y risotadas. Pues bien, esta mañana se ha dado un paso más: uno de estos alumnos, me ha llamado «hijo de puta» y me ha lanzado una silla y su mochila».

Es uno de los casos anónimos que recoge el informe del Defensor del Profesor sobre la violencia en las aulas. «Nos llegan los casos más extremos», admite el informe del curso 2013-2014, pues «muchas situaciones contrarias a la convivencia se resuelven en el propio centro gracias a las normas establecidas», subraya este organismo creado por el sindicato Anpe.

El caso del menor de el instituto Joan Fuster de Barcelona que irrumpió en el centro armado con una ballesta y un machete y mató a un profesor e hirió a otra profesora y algunos alumnos ha conmovido a toda la sociedad. Especialmente a la comunidad escolar. Las condolencias se han multiplicado. Muchos estudiantes se enteraron en las aulas del trágico suceso a través de algún docente.

«Nos lo dijo la profesora de Lengua y nos impactó. ¿Cómo alguien de nuestra edad podía hacer una cosa así», señala una alumna del IES Fernando I de Valencia de Don Juan, que se prepara para ser mediadora. «Nos gustan las tragedias, pero sólo en la ficción», apunta otra estudiante de Secundaria. Un muchacho buscó una explicación a lo inexplicable en la violencia de los videojuegos: «Si vives sólo en ese mundo...», reflexiona.

Lo que sólo parecía posible en la Norteamérica profunda, ocurrió más cerca de lo esperado. «Ha sido un salto cualitativo, humanamente terrible que contemplamos con prudencia y con respeto al dolor de la familia y de unos escolares destrozados», comenta Javier Fernández Revilla, presidente de la Junta Personal Docente de Centros Públicos de León. «Es un caso muy excepcional», subraya este sindicalista del CSI-Csif.

«La violencia de baja intensidad o disrupción en el aula es el problema de convivencia que más preocupa y el de mayor amplitud, tanto en centros públicos como concertados», recalca. En la provincia de León mejoró levemente la tasa de incidencias en los centros educativos. El 58,62% registraron y comunicaron casos el curso pasado, un punto por debajo respecto al anterior y algo por debajo de la media de la Comunidad que se sitúa en el 59,53% de centros que comunicaron incidencias.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, aumenta el alumnado implicado que presentan alteraciones del comportamiento graves del 2,18% al 2,66%. El alumnado reincidente supone el 0,88% del total y el multirreincidente el 0,40% en la provincia de León. El 82,76% de los centros educativos de la provincia no abrieron expedientes, mientras que hay tres centros que abrieron más de diez causas disciplinarias.

El 75,22% de las incidencias tienen relación con el desarrollo de las tareas académicas, el 5,18% afectan a las relaciones directas entre profesorado y alumnado y el 11,57% se circunscriben a las relaciones entre escolares. De los 775 expedientes disciplinarios abiertos a alumnado en los centros de Castilla y León por problemas de convivencia en el curso 2013-14, un total de 129 corresponden a la provincia leonesa (0,21% del total de estudiantes matriculados).Las medidas sancionadoras han disminuido un 15% respecto al curso anterior, que registró 153 expedientes disciplinarios en centros en la provincia y 856 en la Comunidad.

La mediación como estrategia para resolver conflictos aumentó levemente en el último curso. Los procesos de acuerdo y mediación en actuación de corrección supusieron el 18,16% del total, sobre el 17,93% del curso anterior. En Castilla y León, la media de mediaciones en el curso 2013-1014 fue del 16,77%, algo inferior a la del curso anterior.

Para la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, la convivencia en los centros educativos «es buena». «No existen conflictos importantes y los pequeños se resuelven con actuaciones efectivas de los tutores y el profesorado», apunta el informe del curso escolar 2013-2014.

En un centro de la provincia de León cinco personas se reúnen alrededor de una mesa redonda. Un niño, una madre, la directora del instituto, el coodinador de convivencia y el tutor. Han pasado 25 días desde que Pedro (nombre ficticio) firmó un contrato con cinco cláusulas para evitar una sanción. Ha llegado el día de revisar el cumplimiento.

La escena se desarrolla en el Instituto Ramiro II de La Robla. Es el centro pionero en Castilla y León en la puesta en marcha de procedimientos de mediación como estrategia para resolver conflictos hace más de diez años. El plan de convivencia contempla los acuerdos de reeducación como alternativa a las sanciones.

Un máximo de cinco incidencias en convivencia, tres en material, tres en faltas de tareas y deberes y hacer un horario de estudio fueron los cinco compromisos que firmó Pedro. Registró una incidencia y en tres ocasiones no hizo sus tareas. La familia se comprometió a controlar su agenda de deberes, preguntar por las tareas, llamar al centro y acudir a la reunión. También cumplió.

«Ahora empiezas de cero, la sanción ha quedado archivada», le comunica el coordinador de Convivencia, Jorge de Prada. No es un procedimiento habitual. «Hacemos muy pocas al año: la mitad funcionan y la otra mitad no», explica.

Desde el año 2007, los centros educativos públicos están obligados a contar con la figura del coordinador de convivencia. Un decreto del mismo año estableció medidas para impulsar esta figura en todos los centros. Actualmente el 67% de los coordinadores son docentes de Educación Infantil y Primaria, el 29% de Secundaria y Bachillerato y el 2,83% de Formación Profesional.

El 89,22% de las personas encargadas de la convivencia en los centros educativos pertenecen a departamentos didácticos (Lengua, Matemáticas, etcétera) mientras que el 10,74% pertenecen a los departamentos de Orientación (Psicopedagogos, Atención a la Diversidad). En la mitad de los casos son docentes con una antigüedad superior a 10 años en el centro.

Por titularidad del centro, el 100% de los públicos cuentan con esta figura y el 91,18% de los centros concertados, un punto por debajo de la media de la Comunidad. Los coordinadores de convivencia de centros públicos tienen un máximo de tres horas semanales lectivas reconocidas por la administración.

Es el primer curso con la ley de autoridad del profesorado en vigor en Castilla y León. Criticada por unos, alabada por otros su objeto «es recuperar la dignidad del profesorado, pero no va a arreglar la violencia en las aulas», recalca Javier Ampudia, de CSI-Csif.

La prevención de la violencia para su erradicación pasa por «seguir trabajando en los valores de convivencia y sociabilidad», apostilla el presidente de la Junta de Personal. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Stes-Stele) de León subrya que «es fundamental la prevención y la erradicación de la violencia junto al trabajo por la convivencia y para la resolución pacífica de los conflictos».

Las familias están preocupadas por el recorte «brutal» en personal de atención temprana y orientación que ha sufrido de modo especial la comunidad catalana. «Es necesario que se incrementen las partidas y los profesionales para atender la orientación y tienen que funcionar las comisiones de convivencia», apostilla la presidenta de la Felampa, Engracia Prieto. «Prevenir es más barato y da más resultados que curar», subraya. La Ceapa ha dejado claro que no tolerará que se pida informes médicos al alumnado.