La infanta y Urdangarín se enfrentarán a un macrojuicio que empezará en enero
Se interrogará a 363 testigos, políticos que adjudicaron a Nóos y ex cargos de la Casa Real.
Sala de la Escuela Balear de Administración Pública donde tendrá lugar el juicio.
La infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y los otros 16 acusados en el caso Nóos se enfrentarán a un macroproceso que durará meses y del que sólo se puede adelantar la fecha de inicio -el lunes 11 de enero a las 9.30 horas de la mañana- pero no su final, ni las consecuencias que para la Casa Real puede tener ver durante semanas al cuñado y a la hermana de Felipe VI sentados en el banquillo para responder de un caso de corrupción de gran expectación mediática.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dio ayer una de cal y muchas de arena a Zarzuela en su resolución en la que da el pistoletazo de salida al juicio tras cinco años de instrucción.
La única buena noticia para la Casa Real es que los magistrados cortaron de raíz el intento del ex socio de Urdangarín, Diego Torres, de hacer desfilar por la vista oral al mismísimo Felipe VI, a los reyes Juan Carlos y Sofía o a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del rey ‘emérito’. La sala recuerda que el rey, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tiene ninguna obligación de declarar.
Y rechaza, por no aportar nada, las declaraciones de los reyes eméritos y de la ‘princesa’ centroeuropea, a los que el letrado de Torres, Manuel González Peeters, pretendía interrogar para demostrar que la anterior jefatura del Estado no sólo estaba al tanto de los negocios de Urdangarín, sino que los alentó.
Pero ninguna buena nueva más para Zarzuela. Empezando porque el proceso será larguísimo. El tribunal que componen Juan Pedro Yllanes (presidente), Samantha Romero (ponente) y Eleonor Moyà se muestra especialmente generoso con los testigos. De las más de 700 personas propuestas acepta que 363 declaren en la vista oral, básicamente la práctica totalidad de los 347 testigos que había propuesto el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, además de alguno más que habían reclamado Manuel González Peeter y la acusación popular de Manos Limpias.
La sala no pone cortapisas a que numerosos ex responsables de la Casa Real y personas muy próximas a Zarzuela sean preguntadas sobre los negocios de Urdangarín y la vinculación que su esposa tenía en ellos. Entre ellos, el que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga, que estuvo imputado en el caso por ser tesorero del Instituto Nóos; el ex abogado de Zarzuela José Manuel Romero, conde de Fontao, ‘cerebro’ de la creación de una de las fundaciones del cuñado de Felipe VI; o los ex jefes de la Casa Real Fernando Almansa y Alberto Aza, que aparecen varias veces citados en mails aireados por Torres, dando a entender que estaban informados de las andanzas del ex duque de Palma con las administraciones de Baleares, Valencia o Madrid.
Entre los testigos de este macrosumario también estará un ex vicepresidente y un ex ministro. Rodrigo Rato está llamado a explicar las reuniones que mantuvo en 2003 como ministro de Economía y ‘número 2’ del Ejecutivo con dirigentes de la Comunidad Valenciana para la Copa América en la que iba a participar una de las fundaciones de Urdangarín. Alberto Ruiz Gallardón, por su parte, será interrogado por la adjudicación a Urdangarín de trabajos de supuesta consultoría para Madrid 2016 por los que cobró 114.000 euros a cambio de nada.
Los llamados a aclarar las adjudicaciones al Instituto Nóos en Valencia también son numerosos, entre ellos buena parte de la ex cúpula ‘popular’ en la comunidad. El ex presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberà o el ex conseller Esteban González Pons deberán aclarar la adjudicación a Urdangarín, sin que mediara concurso público, de los Valencia Summits, entre 2004 y 2005 y los estudios para promover una candidatura para unos Juegos Europeos. En total, tres contratos por 3,5 millones de euros.