El Gobierno lanza una batería de medidas legales y penales, apunta a Forcadell y la Fiscalía se querellará contra los miembros de la Mesa del Parlament que han tramitado la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados hoy en el Parlament. También reclama que el TC tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la presentación de este incidente por vulnerarse las sentencias y autos del TC, especialmente la de febrero de este año que establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.

Soraya Sáez de Santamaría ha señalado que "querer imponer a toda costa la ley en contra de la Constitución, vulnerando los derechos de los ciudadanos y la capacidad de hacer enmiendas de la oposición demuestra que quienes están al frente de sus instituciones tienen una actitud más propia de regímenes dictatoriales" y ha añadido: "Lo que hemos vivido es una patada a la democracia".

Además de la batería legal de medidas, la Fiscalía Superior de Cataluña se va a querellar por desobediencia y prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la ley del referéndum, han informado fuentes fiscales. Las fuentes han indicado que la Fiscalía está preparando esa querella y la presentará entre hoy y mañana.

El Parlament ha aprobado votar hoy la ley del referéndum en medio de un ambiente de gran tensión. Junts pel Sí y la CUP han forzado hoy la inclusión en el orden del día del pleno del Parlament del debate y votación de la ley del referéndum y la exención de los trámites para su aprobación, en mitad de una bronca entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

La inclusión en el orden del día de la ley -que ha tenido que ser votada en dos ocasiones porque habían fallado algunos mecanismos de votación de los escaños- ha prosperado con 72, 60 en contra y 3 abstenciones, entre protestas airadas de diversos partidos la oposición contra las decisiones de la presidenta Forcadell.

Ya antes de la votación, la Mesa del Parlament había rechazado hoy las peticiones de reconsideración de los grupos de la oposición (PSC, Ciudadanos y PPC) de la admisión a trámite de la ley del referéndum presentada por los grupos independentistas. Las peticiones de reconsideración han sido desestimadas con los mismos votos que los habidos con la admisión a trámite, es decir, con los 4 de JxSí y 1 de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), mientras que Ciudadanos y PSC han votado en sentido contrario.

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, dio esta mañana ódenes a los servicios de la Cámara de no publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) la proposición de ley del referéndum, que luego sí ha sido publicada con el aval de Junts pel Sí (JxSí).

Así lo han explicado diversas fuentes de la oposición, después de que a las 10.36 horas la cuenta oficial del Parlament en Twitter haya difundido la publicación digital de la proposición de ley, que justo unos minutos antes había sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament para que pueda debatirse y votarse en el pleno de hoy.

En una reunión posterior de la Mesa para analizar las peticiones de la oposición para reconsiderar la admisión a trámite de la ley, según fuentes presentes en la sesión, Xavier Muro ha explicado que él había dado instrucciones a los funcionarios de la Cámara de no publicar esa proposición de ley en el BOPC.

La Secretaría General del Parlament es el órgano superior de la administración parlamentaria, mientras que la persona que ostenta este cargo es el jefe de personal y de los servicios del Parlament y cumple funciones de asesoramiento de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Ante la negativa de Muro de dar instrucciones para su publicación, según las fuentes consultadas, la gestión la han hecho los cuatro miembros de Junts pel Sí en la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, además de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.

Según fuentes de Ciudadanos, el PSC y el PPC, dado que el secretario general del Parlament ha "prohibido" a los servicios de la Cámara este paso, "toda la tramitación basada en esta publicación no tiene ningún valor, es nula de pleno derecho". En cambio, fuentes de Junts pel Sí han asegurado que la publicación en el boletín oficial del Parlament es un "automatismo" una vez la Mesa admite a trámite una iniciativa, y han negado que el secretario general de la Cámara deba firmarlo o autorizarlo.

Para probar que la publicación ha sido "perfectamente legal y reglamentaria", Junts pel Sí se remite al artículo 112 del reglamento del Parlament que establece que la Mesa, "tras acordar la admisión a trámite de los proyectos o las proposiciones de ley, dispone su publicación, y, oída la Junta de Portavoces, designa la comisión o las comisiones que deben tramitarlos, y abre el período de presentación de enmiendas a la totalidad".

La Mesa ha tenido que reunirse varias veces consecutivas antes de rechazar definitivamente las peticiones de reconsideración, a medida que PPC y Ciudadanos han presentado sendas solicitudes con posterioridad a la del PSC, que ha sido la primera desestimada. La Junta de Portavoces ha sido, asimismo, convocada para que los representantes de todos los grupos se posicionaran, y en el transcurso de las reuniones se ha desatado la polémica sobre la forma en que se ha producido la publicación de la admisión a trámite de la ley en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Carme Forcadell habría prescindido de las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara y ha publicado desde su propio ordenador la ley del referéndum. Joan Coscubiela (CSQEP) y Eva Granados (PSC) han considerado la publicación "nula de pleno derecho" porque el secretario general de la cámara había rechazado efectuar personalmente el trámite de ordenar la publicación en la edición digital del BOPC a fin de no incurrir en posibles responsabilidades penales. Fuentes de la oposición han señalado que la publicación en el BOPC no ha sido ordenada por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, sino por los cuatro miembros de Junts pel Sí en la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, además de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. En cambio, fuentes de JxSí han asegurado que la publicación en el Boletín Oficial del Parlament es un "automatismo", una vez la Mesa admite a trámite una iniciativa, y han negado que el secretario general de la cámara deba firmarlo o autorizarlo.

Han recalcado, en este punto, que la publicación ha sido totalmente "legal" y han esgrimido el artículo 112 del Reglamento de la cámara que indica textualmente: "La Mesa del Parlament, después de acordar la admisión a trámite de los proyectos o proposiciones de ley, dispone que se publiquen". Sobre el informe que los letrados de la cámara han efectuado para alertar a la Mesa de que la tramitación de las 'leyes de desconexión' choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochan la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas, desde JxSí se ha recordado que "no es vinculante".

La tensión en el Parlament en máxima.  El Parlament ha modificado el orden del día para votar hoy la ley del Referéndum con 72 a favor, 60 en contra y 3 abstenciones. En medio de una gran tensión en el pleno del Parlament, algunos diputados piden que se recuerden los derechos de todos ellos. Miquel Iceta, del PSC, ha anunciado que su partido presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al máximo responsable de Podemos, Pablo Iglesias, que obligue a los diputados de su partido en el Parlament de Cataluña a unirse a la oposición para tratar de "parar el golpe" que están llevando a cabo los independentistas.

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha dicho que los empresarios quieren que el problema de Cataluña se arregle "políticamente" y ha pedido que se trabaje para eso "y no echando más leña al fuego". Rosell se ha referido a la advertencia del Ministerio de Hacienda de imponer sanciones para quienes paguen impuestos del Estado a la Agencia Tributaria catalana y ha comentado que, de momento, no hay ningún documento que diga cuál es esta propuesta pero ha asegurado que los empresarios "están por respetar lo que diga la ley".

La presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, se ha visto obligada a suspender primero durante hora y media y ahora otra vez por tiempo indefinido la sesión. La última, porque el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa,le ha recordado que no habían estudiado la petición de Ciudadanos de reconsiderar el cambio de orden del día para tramitar la Ley del Referéndum.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el 'pleno de desconexión'. TONI ALBIR

Los partidos de la oposición aplican al dedillo el procedimiento de la cámara pero no es el único obstáculo. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, se ha negado a dar la orden de publicar en el Boletín Oficial del Parlament la ley del referéndum. Según fuentes del PSC, la publicación de la proposición de ley del Referéndum en el citado boletín no sería legal, porque debe ser ordenada por el secretario general, y no ha sido así. Además, los letrados del Parlament han registrado hoy un informe dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochan la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas.

En el escrito, firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se "advierte" de que la tramitación de las leyes "está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula" la resolución del 9N, así como los autos del Alto Tribunal en el marco de los incidentes de ejecución de sentencia.

Muro y Bayona consideran que, de acuerdo a esta sentencia y los autos, "los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas".

"El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa", aseguran los letrados, que consideran que las consideraciones son extensibles "a cualquier otra actuación parlamentaria".

Por otro lado, también advierten de que el procedimiento de lectura única de la reforma del Parlament fue suspendido por el TC y que la "eventual tramitación directa de las leyes" mediante el artículo 81.3 del Parlament, como invocan JxSí y la CUP, "presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única". Y recuerdan que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tumbó esa reforma del reglamento, "hace referencia a los requisitos esenciales e inexcusables que no podrían ser ignorados en la aplicación del artículo 81.3 cuando se tratara del procedimiento legislativo".

El portavoz del grupo parlamentario del PPC, Alejandro Fernández (d), interviene hoy en pleno del Parlament para pedir que no se amplíe del orden del día el pleno para incluir la ley del referéndum después que lo hayan solicitado Junts pel Sí y la CUP. TONI ALBIR

La Mesa del Parlamento catalán ha admitido hoy a trámite la ley del referéndum con los votos de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí), el apoyo de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y el rechazo de Ciudadanos (Cs) y del PSC.

En una reunión extraordinaria celebrada antes del inicio del pleno del Parlament, la Mesa ha dado así luz verde a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de Junts pel Sí y la CUP que, previsiblemente, será aprobada hoy y que pretende dar amparo legal a la consulta soberanista prevista para el 1 de octubre.

Finalmente, la ley del referéndum ha sido admitida a trámite por cinco votos a favor (los cuatro de Junts pel Sí y el de Catalunya Sí Que Es Pot) y dos votos en contra (el del Cs y PSC), ya que el PPC y la CUP participan pero no tienen voto en este órgano de la cámara catalana.

Junts pel Sí y la CUP registraron esta proposición de ley el pasado 31 de julio y durante cuatro semanas ha permanecido aparcada sin que la Mesa la incluyese en su orden del día pese a las críticas de la oposición, hasta que hoy, finalmente, ha sido admitida a trámite pocas horas antes de que sea aprobada con los votos de la mayoría independentista y la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot, por la vía de urgencia.

Además, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha registrado hoy una petición de recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad" y para "garantizar" su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la cámara.

Minutos antes de que se iniciara el pleno parlamentario en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, Forcadell ha hecho pública su decisión a través de Twitter.

"Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito. Con esta iniciativa, Forcadell pretende "paralizar cualquier procedimiento 'de excepción' que pudiese plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta", ha explicado la cámara catalana en un comunicado.

El escrito, registrado esta mañana en el TC, califica la reforma de la ley orgánica del Constitucional como una "reforma exprés de la Constitución" en la que el derecho de defensa está aún más restringido que en la aplicación del Estado de excepción. Forcadell alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el que prevé la ley orgánica del TC.

La aplicación de las atribuciones sancionadoras del TC, a su juicio, vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo".

El escrito analiza la naturaleza "inédita" del procedimiento de ejecución de sentencias que instauró la reforma de la ley orgánica del TC, que configura un "nuevo" Constitucional que "pierde su supuesta posición de neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución de sus propias resoluciones". Por ello, Forcadell solicita poder ser parte en un hipotético procedimiento constitucional si es que se discuten medidas de intervención en el Parlament o en las funciones de presidencia del Parlament, con el objetivo de preservar su derecho de defensa ante un procedimiento "carente de cualquier garantía y derecho".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside desde las nueve de la mañana la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado para deliberar y aprobar cuantas medidas haya que adoptar ante las decisiones del Parlament de Cataluña o del Govern de la Generalitat.

Fuentes del Ejecutivo han señalado  que todas las medidas han sido ya estudiadas y solamente hay que decidir cuáles de ellas se ponen en marcha y en qué momento.

Las mismas fuentes han dicho que el próximo viernes el Consejo de Ministros recurrirá ante el Tribunal Constitucional varios preceptos relativos a la Ley del Código Tributario de Cataluña.

La Mesa del Parlament ha admitido hoy a trámite la ley del referéndum con los votos de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí), el apoyo de CSQEP y el rechazo de Ciudadanos y del PSC.

El Gobierno no descarta la posibilidad de convocar hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o el Govern de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), junto al vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras (i), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (d), salen hoy del despacho del presidente en el Parlament. TONI ALBIR