Diario de León

El 155 se dilata: el Senado no lo aprobará hasta el 30 de octubre y Puidemont podrá ir a defender su postura

Macron augura un "mensaje de unidad en torno a España" de los líderes de la UE en la cumbre

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lee, en declaración institucional hoy en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lee, en declaración institucional hoy en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont.

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La Mesa del Senado se reunirá el próximo sábado para fijar el calendario de tramitación de las medidas que ese mismo día aprobará por la mañana el Consejo de Ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista de Cataluña. Es el primero de los pasos, pero el legalismo para aplicar el 155 lleva hasta el 30 o 31 de octubre para su aplicación

Rajoy, que ha recibido hoy el apoyo de la UE, que además hará explícito en público sus respaldo al Gobierno español, según ha anunciado Macron, no tiene prisa en aplicar el artículo de la Constitución. Ha convocado para el sábado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Tampoco los independentistas la tienen en declarar la DUI pese a su amagos de hacerlo. ERC, el socio de gobierno de Puigdemont, ha asegurado hoy que mantendrán la oferta de diálogo con el Gobierno hasta "el último minuto", aunque ha advertido de que se está "más cerca" de levantar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI), de manera que las medidas del 155 que se acuerden el sábado pueden "precipitar las decisiones".

Fuentes de la Cámara alta han confirmado  que el presidente de la institución, Pío García-Escudero, ha convocado ya la reunión en la cual la Mesa calificará la propuesta del Gobierno y el modo en que las medidas serán estudiadas y debatidas por el Senado. La Mesa, presidida por García-Escudero e integrada por PP, PSOE Y PNV, tendrá que decidir cuál de las dos vías previstas en el Reglamento del Senado se sigue para tramitar en primera instancia el requerimiento gubernamental, bien la Comisión General de Comunidades Autónomas o bien una comisión conjunta constituida "ad hoc".

El Gobierno y el grupo popular se inclinan por utilizar esa segunda comisión, cuya constitución corresponde a la Mesa con senadores procedentes de las comisiones cuyo ámbito se vea afectado por las medidas del Ejecutivo, y en la que al menos estarán los de la Comisión Constitucional.

La Mesa de la Cámara alta establecerá así cuándo se reúne esta nueva comisión, algo que no podrá hacer ni el martes por la tarde ni el miércoles por la mañana, dado que hay pleno ordinario. Eso sí, tendrá que convocarse como mínimo en dos ocasiones. Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fin de que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos". Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para defender sus alegaciones, Puigdemont podrá acudir al Senado a defender su postura, en persona o mediante la persona que él determine. Entonces se reunirá por segunda vez la comisión conjunta, y, tras recabar documentos y testimonios, podrá ya formular una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas". Ello significa que el Senado podría cambiar las medidas acordadas por el Ejecutivo, al menos en teoría, porque en esta Cámara el PP no necesita del apoyo de ninguna otra formación para sacarlas adelante al contar con mayoría absoluta.

La propuesta razonada será debatida después por el pleno, donde tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta, algo para lo que el Gobierno no tendrá problemas, aunque el Ejecutivo quiere contar con el máximo consenso y espera el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Fuentes del Senado han asegurado que muy probablemente el pleno extraordinario en el que se debatirán y votarán las medidas aprobadas por el Ejecutivo al amparo del artículo 155 no se podrá celebrar la semana próxima y habrá que esperar a la siguiente, posiblemente al lunes 30 o al martes 31 de octubre.

Macron anuncia un "mensaje de unidad en torno a España" de los líderes de la UE en la cumbre      El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha adelantado este jueves que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea enviarán un "mensaje de unidad en torno a España" frente a la crisis política en Cataluña por el desafío independentista. "Será un consejo marcado por un mensaje de unidad en torno a nuestros Estados miembros frente a los riesgos que afrontan, de unidad en torno a España", ha expresado Macron en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre europea.

Macron ha sido uno de los mandatarios europeos que más firmemente se ha pronunciado sobre Cataluña en las últimas semanas, dejando claro que cualquier solución debe pasar por el respeto al Estado de Derecho. En sus declaraciones públicas ha subrayado que su "único interlocutor" es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que confía plenamente para "defender los derechos de los españoles" y que no contempla la mediación de la Unión Europea para un asunto que es "interno".

Macron y Rajoy, que ha llegado a la cita europea sin hacer declaraciones, tienen previsto verse en bilateral a última hora de la tarde en los márgenes de la cumbre para abordar la agenda europea y la situación en Cataluña.

El Gobierno pondrá todos los medios para restaurar el orden constitucional

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado hoy que el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance" para restaurar el orden constitucional, la "convivencia pacífica" en Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica de la que es único responsable la Generalitat.

En una declaración institucional en el Congreso, Méndez de Vigo ha leído el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia.

Este es el texto íntegro del comunicado del comunicado del Gobierno en respuesta a la carta que Carles Puigdemont ha dirigido hoy al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy:

"El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.

El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.

El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".

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