El proceso independentista hunde la regata Barcelona World Race
La prueba se cancela por «la inestabilidad política», que hizo perder la Agencia Europea del Medicamento.
cristian reino | barcelona
La factura del proceso soberanista para Cataluña es cada vez más abultada. No solo en términos de inestabilidad política, procesos judiciales y división en la sociedad catalana, sino por los efectos económicos. Las consecuencias negativas, aunque el secesionismo siempre ha tratado de minimizarlas, se notarán durante años. Fuga de empresas (más de 3.000 firmas catalanas se han instalado en el resto de España en los últimos meses), huida masiva de depósitos (31.000 millones, tras el referéndum del 1-O) o la pérdida por parte de Barcelona de la candidatura de la Agencia Europea del Medicamento son algunos de los efectos del llamado ‘procés’ catalán. Desde ayer, la Barcelona World Race se ha unido a la larga lista de daños colaterales del proyecto independentista.
El comité organizador de la regata de vela, una de las de mayor proyección internacional y que tiene como salida y llegada la capital catalana cada cuatro años, anunció ayer que ha suspendido la celebración de la próxima edición, la cuarta, prevista para enero de 2019. El patronato responsable de la prueba, formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio, el Puerto de Barcelona y la Fira, justificó la decisión por el «clima de indefinición institucional y la falta de estabilidad política» que vive Cataluña. En el último año, los vaivenes políticos se han asemejado a una montaña rusa, con la celebración de un referéndum ilegal, sofocado con duras cargas policiales; proclamación de la independencia; suspensión de la autonomía; destitución del Gobierno; convocatoria de elecciones; nueva victoria independentista; imposibilidad de formar gobierno; y encarcelamiento de los líderes secesionistas.
Estos son los factores que la organización ha puesto sobre la mesa para suspender la celebración de la competición de vela, que tiene un presupuesto global de unos diez millones y un impacto económico para la ciudad de 23 millones. Además, aducen que los «patrocinadores han manifestado su desconfianza al no poder estar seguros de contar con el apoyo institucional que necesariamente debe garantizar un evento deportivo de estas dimensiones».
El anuncio desató una nueva tormenta política, como ya ocurrió el pasado noviembre, cuando Barcelona perdió, frente a Ámsterdam, la sede de la Agencia Europea del Medicamento y con ella los 900 funcionarios que trabajan en ella y las 40.000 visitas que genera cada año. «El proceso y la alcaldesa son los responsables», apuntaron en el PP. Ciudadanos atribuyó la decisión a la «inseguridad jurídica y política que genera el independentismo». Desde el PSC, Esquerra y el PDeCAT cargaron contra Ada Colau, a la que acusaron de «falta de liderazgo» y «proyecto».
En el secesionismo arremetieron también contra la «fobia» que a su juicio tiene el Gobierno central hacia cualquier iniciativa de renombre que provenga de Cataluña. Y es que los organizadores argumentaron que ha generado «incertidumbre» en el mercado del patrocinio las informaciones sobre el cambio de criterio en los Presupuestos del Estado en relación a los acontecimientos de interés público, como esta regata.
Colapso de la generalitat
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) elevó la voz de alarma el 7 de marzo en el Congreso. Su presidente, Miguel Borra, trasladó a la comisión que estudia el modelo territorial que si la parálisis institucional y la falta de acuerdo político en Cataluña no se resuelven, la administración corre el riesgo de entrar en «colapso». Una llamada, apuntan fuentes de la organización, al desbloqueo de la investidura para volver a la normalidad.
El CSIF denuncia que altos cargos de la Generalitat en las distintas consejerías «han hecho dejación de funciones» y que se escudan en las dificultades derivadas del 155 para crear un clima de inacción. En este contexto enmarcan el retraso en la devolución del 20,77% que estaba pendiente de la paga extra de 2012, la paralización de la Renta Garantizada de Ciudadanía o asuntos como el transporte de los funcionarios de la antigua prisión Modelo a los centros en los que trabajan en la actualidad fuera de Barcelona. «Algunos -subrayan fuentes del sindicato- van en autobuses públicos con el riesgo de cruzarse con reclusos o familiares».