El nuevo Gobierno echa a andar con un mensaje de firmeza y diálogo a Cataluña

p. d. l. h. / m. e. a. | madrid

«No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a, quizá, el mayor problema al que se puede enfrentar un país, el de la integridad territorial», dijo Josep Borrell en su primera intervención como titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Gobierno de Pedro Sánchez. La mención no es baladí. Los actos de toma de posesión y asunción de carteras de los nuevos ministros sirvieron ayer para que cada cual dejara su sello dentro de un conjunto bien organizado sobre el papel, pero también para ratificar el interés del secretario general del PSOE en lanzar un mensaje claro a Cataluña: mano tendida pero también firmeza.

El Ejecutivo abordará hoy mismo en el «Consejo de Ministras y Ministros» -la terminología establecida ayer por la vicepresidenta, Carmen Calvo, al prometer el cargo en el Palacio de la Zarzuela- la estrategia que conviene desplegar para hacer frente a la crisis territorial. Fuentes gubernamentales ya avanzaron que la intención es, en todo caso, que «antes del verano» haya un «acercamiento» con el Gobierno de la Generalitat.

Con ese objetivo viene trabajando el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, desde hace unos días. En su entorno no descartan, incluso, que la primera cita entre Sánchez y Quim Torra se produzca tan pronto como la semana que viene. Hasta el momento, el jefe del Ejecutivo y el presidente autonómico sólo se han cruzado unos mensajes protocolarios, el día en el que el líder socialista fue investido en el Congreso y triunfó su moción de censura a Mariano Rajoy gracias al apoyo de Podemos, los nacionalistas y los secesionistas.

La idea ahora es intentar destensar la situación, pero sin bajar la guardia. «Con la Constitución, todo; fuera, nada», advirtió la hasta ahora portavoz parlamentaria del PSOE y nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, en su puesta de largo. En la oposición, Sánchez siempre dijo lo mismo que su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba: que para lidiar con el independentismo es necesaria la ley, pero que no todo puede reducirse a ella y que no cabe delegar en los jueces lo que corresponde resolver a la política, como hizo el Gobierno del PP. Esa, aseguran los socialistas, sigue siendo su guía. Robles, no en vano, prometió «continuidad» en un asunto que se considera «de Estado».

Torra, por su parte, lleva días exigiendo un encuentro. «Necesito hablar urgentemente con Sánchez para saber qué me quiere explicar y qué me encontraré», dijo el martes tras arremeter en el Parlament contra la designación de Borrell. «Es una pésima noticia para nosotros y no por lo que haya podido decir sino por la idea que tiene del derecho de autodeterminación del país en el que nació», dijo.

Los socialistas saben que el entendimiento no será fácil. La ministra a la que Sánchez ha encomendado la tarea de explorar la situación, la federalista Meritxell Batet, ya admitió en su toma de posesión que asume la nueva cartera de Política Territorial y Función Pública con cierto «vértigo», consciente de lo «crucial» del asunto que tendrá entre manos y de lo «excepcional de la situación». En todo caso, defendió que hay que «recuperar la palabra» y emplearla para «hablar de personas, de respeto y de convivencia». El partido gubernamental cree que una parte nada desdeñable del secesionismo busca una pista de aterrizaje para volver al autonomismo; sin renunciar a sus objetivos, pero a largo plazo y dentro de la ley. La duda es si eso es posible con Torra y el «polo del exterior» que encarna Carles Puigdemont.

El presidente del Gobierno se tendrá que mover, además, en un difícil equilibrio. El PP ya ha demostrado que no está dispuesto a pasarle ni una en el Congreso, aunque en la mayor parte de los traspasos de carteras reinó ayer el respeto y la consideración. Ciudadanos, que ha visto cómo con la caída de Rajoy se debilitaba uno de sus ejes de oposición (el regeneracionismo), concentrará todos sus esfuerzos en Cataluña. De hecho, ya en los últimos meses trató de propulsarse electoralmente cuestionando la firmeza del Ejecutivo popular frente a los independentistas, entre otras cosas, por negarse a una aplicación preventiva del artículo 155 de la Constitución.

En el otro extremo del arco parlamentario, Sánchez tendrá que lidiar no sólo con los secesionistas sino con Podemos. Pablo Iglesias ya le afeó ayer la elección de Borrell y la de Fernando Grande-Marlaska para Interior. Y le vaticinó «un calvario» en la Cámara baja.

Sesión de control

La oposición tendrá que esperar al menos una semana más para poner a prueba a Pedro Sánchez y a sus ministros. La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer, con la oposición del PP, aplazar la sesión de control al Ejecutivo prevista para el próximo miércoles, por la cercanía de la toma de posesión del nuevo equipo gubernamental.

A la salida de la reunión parlamentaria, Adriana Lastra, la nueva portavoz del PSOE en sustitución de Margarita Robles, explicó que la decisión se tomó entre todos los grupos por cierto consenso, al considerar «absurdo e ilógico» celebrar el control al Gobierno con tan poco margen.

Tanto para Unidos Podemos como para Ciudadanos el aplazamiento era razonable porque, con los ministros recién aterrizados en sus cargos y con apenas una semana al frente de sus respectivas carteras, iba a haber poco que valorar. «Aquí debe primar el sentido común. Uno se pregunta qué es lo que hay que controlar de unos ministros que todavía no han podido realizar su trabajo», resumió el portavoz liberal, Juan Carlos Girauta.

La decisión chocó con las pretensiones del PP, que criticó la moratoria porque es en estas sesiones, arguyó su portavoz Rafael Hernando, «donde nace la legitimidad de su Ejecutivo». «No lo entiendo porque este nuevo Gobierno está muy capacitado para los medios de comunicación. Algunos para decir que no saben lo que van a hacer, pero no para dar explicaciones aquí», sentenció.