Los guardias civiles llevan al Congreso cambios legislativos tras los asesinatos de Barbate

Los asesinatos en Barbate de los guardias civiles, uno de ellos leonés, han llegado al poder legislativo en forma de réplica ante la inseguridad que sienten los agentes. Y es que, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha pedido este viernes que el Congreso abra una comisión de investigación sobre la muertes de los dos agentes y que emprenda cambios legislativos para dotar de mayor protección jurídica a los agentes policiales en el desempeño de sus funciones, "incluido el uso de armas de fuego”.

Jucil ha presentado en el Congreso de los Diputados un informe en el que "reúne el cúmulo de carencias de medios y de personal que desembocaron en la orden" de que, el pasado día 9, "cinco" agentes se embarcaran "en una pequeña zodiac" para intentar identificar y detener, ya de noche, a los tripulantes de seis potentes narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate muchas horas antes.

Una de las narcolanchas rodeó y embistió la zodiac de los agentes, causando la muerte de dos de los agentes, Miguel Ángel González y David Pérez, que fueron con esta acción "salvajemente asesinados por unos narcotraficantes”, según el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.

Ahora la asociación reclama que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "quien no ha asumido su responsabilidad en los acontecimientos que desembocaron en el asesinato de dos guardias civiles", al menos "tenga la valentía suficiente para acudir voluntariamente al Congreso de los Diputados para explicar, en la Comisión de Interior, su versión de lo ocurrido en el puerto de esta localidad gaditana".

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha entregado este viernes un informe elaborado por la asociación sobre lo sucedido para informar a los grupos parlamentarios y pedir que reclamen que se abra una investigación sobre lo ocurrido en la Comisión de Interior del Congreso "que aclare las posibles responsabilidades políticas por estos hechos".

Jucil, que pide la dimisión del ministro "por ser el máximo responsable del abandono en el que nos encontramos los guardias civiles", solicita además al Congreso cambios legislativos que "doten de mayor protección jurídica a los agentes policiales en el desempeño de sus funciones, incluido el uso de armas de fuego”, ha precisado Agustín Leal.

También proponen un cambio legislativo que incluya un nuevo tipo delictivo en el Código Penal para el transporte y tráfico de grandes volúmenes de combustible sin autorización administrativa, una actividad que se ha multiplicado desde la prohibición en 2018 del uso de estas embarcaciones ya que los narcos ahora, para evitar que las intercepten al salir a tierra, las mantienen constantemente en el mar, según explican a EFE fuentes de la lucha contra el narcotráfico en la zona.

Asimismo, también piden que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de la persecución de los delitos del crimen organizado relacionados con la droga y el tráfico de personas y que, "ante la falta de medios de la Guardia Civil, "el Parlamento inste a la administración" a que la Armada "colabore en el control del tráfico marítimo de la zona del Estrecho dentro del plan de lucha contra los traficantes de drogas y de personas".

Reclaman también que sea el Congreso el que inste al Ministerio del Interior a declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Espacial Singularidad "para establecer mecanismos que permitan que guardias civiles y policías nacionales encuentren incentivos para trabajar en esta área geográfica, donde ahora se registran todos los años más salidas que llegadas en los traslados".

“Confiamos, además, en que la comisión parlamentaria reclame, tras su investigación, más medios materiales y humanos en la lucha contra el narcotráfico”, ha añadido Leal.