Puigdemont amaga con regresar y ser detenido para las catalanas
Su abogado dice que está dispuesto a aceptar las consecuencias gracias a la ley de Amnistía
El prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. DAVID BORRAT
El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido, y lo ha dicho para dar por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlament del 12 de mayo.
En una entrevista emitida por la cadena Rac1 recogida por Europa Press, ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española: «Es una posibilidad. Lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat si él lo quiere ser».
«Los únicos que lo pueden impedir son los catalanes cuando voten», ha recalcado Boye, dejando claro que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos en un marco jurídico que será diferente una vez entre en vigor la Ley de Amnistía.
MIEDO DE PEDRO SÁNCHEZ
Para Gonzalo Boye, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, temen que Puigdemont pueda concurrir a los comicios, los gane y sea investido: «Este es el miedo, y es justificado», asegura.
Tras garantizar que se ha generado el entramado jurídico necesario para que el expresidente pueda volver con garantías y ejercer su vida política en los términos que él decida, el bogado —también procesado por blanqueo de capitales— no duda de que podrá someterse a un debate de investidura si la amnistía entra en vigor a finales de mayo.
Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el abogado considera que tribunales «procederán a revisar todos los casos en los que se debe aplicar la amnistía y levantarán las medidas cautelares en las causas que corresponda, una de ellas la de Puigdemont».
El letrado también ha advierte, poniendo la venda antes de la herida, que le preocupa que se ponga en duda el respeto de los jueces y tribunales a la legalidad y que hagan una «objeción de conciencia respecto a una ley aprobada por el poder legislativo».