Gobierno y Generalitat pactan un cambio en la financiación sin apoyos suficientes

Ni se ha alcanzado el grado de concreción que Esquerra Republicana de Catalunya pretendía ni se ha llegado tan lejos (al menos, aún) como se apuntó hace un año en el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa. La Generalitat no podrá, por ejemplo, asumir la gestión del IRPF ya en 2026. Pero el Gobierno central y el autonómico dieron ayer un paso hacia la «financiación singular» catalana y pusieron sobre la mesa las bases de una reforma radical del sistema financiación de las autonomías del régimen común; todas, menos el País Vasco y Navarra. Que el pacto pueda traducirse en reformas legales y, por lo tanto, materializarse es harina de otro costal.

Hoy por hoy, no tiene los votos suficientes en el Congreso de los diputados. Pero su mera formulación ya ha soliviantado a las comunidades del PP, ha puesto en guardia a los dos presidentes autonómicos del PSOE afectados y ha provocado una reacción furibunda de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. El Gobierno, con todo, parece haber tenido éxito en una de sus pretensiones, la de amarrar el apoyo de sus socios en un momento delicado para Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Pese a advertir de que necesita «pasos más firmes y convincentes» y «menos escenificación», el partido de Oriol Junqueras se mostró comprensivo con las «dificultades» materiales a las que se enfrenta su pretensión de desplegar una Agencia Tributaria propia con capacidad para asumir la gestión de todos los impuestos soportados en Cataluña y dejó claro que no romperá.

Por ahora, a Sánchez le vale con eso. Lo demás, lo gestionará a la vuelta del verano. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya avanzó este lunes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera — el órgano en el que, en primera instancia, debe discutirse todo cambio del modelo de financiación con las comunidades autónomas— no se reunirá hasta septiembre, aunque la intención sea llevar «en breve» al Consejo de Ministros el pacto firmado por representantes del Gobierno y la Generalitat en la Comisión bilateral celebrada en Barcelona y que, paradójicamente, no estuvo presidida por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía.

Lo que es indudable es que, si la reunión del CPFF llega a producirse, será muy tensa. El texto acordado a plantea un cambio de paradigma que implicaría que el paso a un «modelo tributario federal» con «mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección» a las autonomías. A todas, si es que lo desean. En lugar de que el Estado nivele después a través de una serie de fondos, lo que se propone son aportaciones autonómicas a la solidaridad territorial, por un lado, y que compensen, por otro, los servicios que preste el Estado en la comunidad. Y, finalmente, plantea que el Estado contemple una «financiación adicional para las competencias específicas».

En contra de lo que pretendía ERC — y es una de las grandes críticas de Junts— se habla, además, de un funcionamiento «en red» de la agencias autonómicas y la estatal «con reglas de coordinación». Y aunque el texto menciona el principio de ordinalidad (que la posición en el ránking de recursos ‘per cápita’ no se vea alterado por las aportaciones al sistema) lo hace como voluntad de la Generalitat. Pero ni esos matices ni la insistencia del Ejecutivo en que lo que se plantea es una fórmula extensible a todas las autonomías sirvió para aplacar los ánimos.