Cajas, una deuda pendiente
E l auto de la Audiencia Nacional imputando al exgobernador del Banco de España y al expresidente de la CNMV por la salida a Bolsa de Bankia ha agitado las estancadas y putrefactas aguas de las antiguas cajas de ahorro. Con independencia de ese procedimiento penal, la responsabilidad de ambos órganos reguladores en el desastre financiero de las cajas admite pocas dudas. El Banco de España, ya fuera por acción o por omisión, contribuyó decisivamente a la quiebra de las cajas, que a su vez se intentó maquillar mediante salidas a Bolsa o la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada que arruinaron a decenas de miles de ahorradores estafados con el aval de la CNMV.
En el plano político ésta es la fecha sin que se haya sustanciado ningún tipo de responsabilidad. Ha habido que esperar a que el PP perdiera la mayoría absoluta para que el Congreso de los Diputados se disponga a poner en marcha una comisión que investigue tanto el rescate bancario como el de las cajas. Este último, según informe del Tribunal de Cuentas ha costado a las arcas del Estado cerca de 60.000 millones de euros.
Las seis cajas de Castilla y León se volatizaron. Las de Ávila y Segovia se fueron por el sumidero de Bankia, las de Burgos acabaron absorbidas por Caixa Bank e IberCaja, y Caja España-Caja Duero fue vendida en almoneda a la andaluza Unicaja. El ensueño del ‘músculo financiero’ de la Comunidad se esfumó, dejando tras de sí un reguero de miles de damnificados que siguen reclamando sus ahorros ante los tribunales. En los juzgados siguen vivas, instruidas con paso de tortuga, algunas de las denuncias presentadas contra los desmanes perpetrados por los gestores de las cajas, tales como los créditos multimillonarios y fallidos concedidos a los ex presidentes de Caja España y Caja Burgos, o las astronómicas indemnizaciones que se agenció el equipo directivo de Caja Segovia.
Dada la manifiesta politización de las cajas y la implicación directa de la Junta y de los dos principales partidos en el desaguisado, la situación pedía a gritos una comisión parlamentaria de investigación en las Cortes de Castilla y León. Pero lógicamente no iban a ser ni el PP ni el PSOE los interesados en promoverla. De ahí la sorpresa de propios y extraños cuando —hace ahora un año— el secretario provincial de los socialistas leoneses, Tino Rodríguez, se manifestó partidario de crear la comisión.
Pero ni Rodríguez se ha vuelto a acordar de ello, ni tampoco ha dado el paso Podemos, que desde que llegó a las Cortes tenía in mente esa iniciativa. La investigación parlamentaria del expolio de las cajas es una deuda pendiente con los ciudadanos y con la transparencia democrática. Si alguien está en contra, tendrá que argumentarlo.