Es sólo el principio

LA LEY educa a la ciudadanía y establece estrategias que contribuyen a la igualdad de oportunidades y corrige las discriminaciones de las prácticas sociales normalizadas. La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, avalada recientemente por el Constitucional, establece una mayor pena para las lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones ocasionadas por los hombres contra las mujeres con las que están vinculados por una relación sentimental. La violación de los derechos de las mujeres se han permitido como una conducta normalizada, consentida y, en ocasiones, justificada. Los asesinatos de las mujeres por sus parejas eran considerados «pasionales» hasta poco antes de entrar en vigor la Ley y la sociedad callaba y miraba hacia otro lado cuando los gritos y los golpes procedían de la casa de al lado. El concepto de «ámbito familiar» encierra un trato discriminatorio y diferenciador por razón de sexo. La violencia de género procede de una estructura patriarcal basada en el dominio y la opresión. La idea aristotélica que señala al hombre como «parte activa» de la sociedad y concede a la mujer a un papel «pasivo» como «gestante de semilla» ha perdurado demasiados siglos para ser soportada por una sociedad democrática que, como dijo el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, en una entrevista publicada en este periódico, «está escribiendo la historia de una tragedia». Ahora la ley quiere que los maltratadores no se refugien en las guaridas que los han protegido durante años y dejen de atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres. La Ley ha puesto a girar el péndulo. En este empeño se han dejado la piel las organizaciones feministas y ahora el Gobierno de Zapatero equilibra la balanza.