Solbes en el Congreso

SEGÚN LO DECIDIDO en la última reunión de la Diputación Permanente, el jueves comparecerá el vicepresidente económico en el Congreso para explicar los planteamientos del Gobierno sobre la futura financiación autonómica. En primer lugar, Solbes debería hacer pedagogía utilizando los resortes del sentido común. Ya en 1996, las exigencias catalanas sobre la financiación, plasmadas en el Pacto del Majestic y que se colmaron mediante la transferencia de una cesta de impuestos, fueron extendidos a todas las comunidades de régimen general, en una especie de inexorable café para todos, y aquella concesión costó al Estado unos 12.000 millones de euros que ya no gestionó la administración central, sino las autonómicas. Ahora, pese que Cataluña cuente con un nuevo estatuto, la situación no es muy distinta, aunque la exigencia es doble: de un lado, reclama también más recursos, que son efectivamente necesarios para atender una evolución demográfica que no ha sido tenida en cuenta; de otro lado, solicita que la solidaridad interterritorial se mitigue de forma que el Fondo de Compensación afecte a las áreas más sensibles -sanidad, educación, asistencia social- pero no a las demás. Por razones obvias, para atender la primera demanda, habrá que incrementar la disponibilidad de recursos no sólo para Cataluña, sino para el conjunto de las autonomías (de nuevo el café para todos), de forma que Cataluña reciba la partida adicional que reclama (unos 3.500 millones de euros según las Cámaras de Comercio; algo más de 2.000 millones según la propia Generalitat; unos 1.000 millones según Solbes), lo que supondría aportar una cantidad entre 12.500 y 15.000 millones de euros para todo el Estado. Y en lo referente a la solidaridad, Solbes quiere introducir en el fondo otras partidas, como la Justicia En segundo lugar, el realismo político ha de manifestar cuáles son las disponibilidades actuales. El nuevo sistema de financiación representaría un gasto adicional de entre el 2% y el 2,5% del PIB aproximadamente. Y éste era más o menos el superávit público que el Estado había conseguido establecer hasta 2007. Pero los tiempos han cambiado: el superávit se ha esfumado y, por añadidura, las circunstancias aconsejan incrementar la inversión productiva y obligan a disponer de recursos suficientes para atender las necesidades sociales suscitadas por la nueva situación (los presupuestos del año próximo incluirán 1.500 millones para financiar el desempleo). En otras palabras, llegan tiempos de vacas flacas y todos tendremos que apretarnos el cinturón. En estas circunstancias, parece inevitable negociar la nueva financiación de tal forma que su implementación sea compatible con la coyuntura. Es de esperar que todos los grupos coincidan en esta vital apreciación.