La guerra de Gersul sigue: "Cuando esté la firma del convenio desconvocamos la huelga"
La huelga ya saturó las calles de basura en mayo de 2015. RAMIRO
El primer intento para frenar la huelga de la recogida de basura en la provincia no obtiene resultado. El llamamiento de la Diputación a los trabajadores se cerró a media mañana de este miércoles con un aviso por parte de los operarios. No les valen ya las promesas, como a finales de septiembre . Ahora, necesitan pruebas. "Mientras no esté la firma y el sello de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en el nuevo convenio, no desconvocamos nada", advirtió el presidente del comité de empresa, Fernando Abella.
La sentencia cerró el encuentro mantenido con el presidente del consorcio para la gestión de los residuos de la provincia (Gersul), Santiago Dorado, y el gerente para acabar con la huelga convocada desde el próximo miércoles, 21 de diciembre, hasta el 7 de enero, con toda la Navidad y la amenaza de que las calles se saturen de basura. Pero sin representación de las dos empresas que conforman la UTE, FCC y Urbaser, no hubo más planteamiento que los que exhibieron los gestores políticos la pasada semana. "Nos han dicho que ya han desbloqueado el pago, pero que hay unas diferencias con la concesionaria que intentarán arreglar. Nos dicen que se van a seguir reuniendo, pero a nosotros ya sólo nos sirve la firma del nuevo convenio", insiste el portavoz sindical como voz de la unanimidad del comité y de la asamblea de los trabajadores.
La firma mantiene pendiente el pago de las subidas salariales demoradas desde 2013. En total, los incrementos, que se ajustan a lo mismo que han obtenido ya los trabajadores públicos en el mismo periodo, rozan el 10%. Traducido a euros, supone una factura pendiente de 2,434 millones a repartir entre los 170 operarios del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega y las plantas de transferencia repartidas por la provincia.
Pero el problema surge por las diferencias entre Gersul y las concesionarias. La semana pasada el consorcio aprobó una revisión del canon concesional de 1,6 millones de euros desde 2013 hasta 2021, por encima de los cuales se anotan los 2,434 millones del aumento a los trabajadores. No cuadra con los datos de la UTE. Las empresas exigen el desembolso de 5,8 millones en total.
La diferencia se cifra en 1,4 millones, como reconocen desde la Diputación, máxima representante dentro del consorcio. El margen, como explican desde el comité, viene de las facturas giradas por parte de la empresa por las nóminas de 4 trabajadores desde 2019 a 2021. Estos pagos, según Gersul, no deben contabilizarse porque en ese periodo ya había asumido la gestión del vaso del CTR la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta, mientras que las concesionarias defienden que han prestado servicio todo este tiempo y les han abonado ronda el medio millón de euros en todos estos meses. No acaba ahí. La cuenta se nutre además con la facturación de las horas extra en estos 10 años, además de la liquidación de vacaciones y otros conceptos a los eventuales.
La discusión entretiene la firma del convenio, entre acusaciones cruzadas de utilización de los trabajadores por parte de las empresas. El presidente de Gersul insiste en que «la autorización de ese gasto supone la asunción íntegra por parte del consorcio, del coste de la subida salarial de los trabajadores que el nuevo convenio tendría para la UTE Legio VII». «Esta empresa se queda así sin argumento para culpabilizar a Gersul de la firma de ese nuevo convenio", recalca. Pero el convenio no tiene firma por ahora, La huelga sigue convocada.