Diario de León

El comercio de León clama que no se multe en las nuevas calles peatonales sin ordenanza

El sector se une a PP, UPL, Vox y Procurador del Común contra el plan de Diez. Los comerciantes temen que las restricciones y la falta de aparcamiento echen a los clientes

Uno de los carteles de advertencia de la restricción de paso, frente al consistorio de Ordoño II.

Uno de los carteles de advertencia de la restricción de paso, frente al consistorio de Ordoño II.virginia morán

Álvaro Caballero
León

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El comercio también se planta. Las asociaciones León Gótico, Aleco, León Centro, León Norte o el Crucero se unen al frente común que reclama al equipo de gobierno de José Antonio Diez que no ponga en funcionamiento las sanciones en las nuevas calles peatonalizadas: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, carretera de Los Cubos, Carreras y Fuero. La reclamación se une a las lanzadas por el PP, UPL y Vox, que esta misma semana recordaron al alcalde que la resolución del Procurador del Común advierte de que, sin la aprobación de la ordenanza de movilidad, que no entrará en vigor como pronto hasta finales de septiembre o mediados de octubre, las sanciones no tienen «cobertura normativa». «Sin aparcamiento suficiente y con las restricciones, muchos compradores no podrán entrar. Al final tendrán que ir a otras formas de distribución y el pequeño comercio estará muerto», alertó el portavoz del colectivo, Javier Menéndez.

Los comerciantes suscriben además las quejas de los vecinos ante la inseguridad jurídica que sufren. Los más de 2.500 solicitantes del permiso, amparados en tener residencia, comercio o una plaza de aparcamiento en las calles afectadas, no saben aún si pueden acceder. A pesar de que el plazo para la puesta en funcionamiento de las cámaras se activó el 1 de junio, no han recibido contestación a sus peticiones, como se les prometió. No saben tampoco cuando los dispositivos comenzarán a multar con 80 euros, después de que hace dos semanas les dijeran que sería a partir del 20 de junio y, ahora, ante la avalancha de críticas, el gobierno de Diez haya ordenado a la Policía Local contestar a las llamadas de petición de información con un «no se sabe la fecha».

En este marco, los comerciantes recalcaron que están «realmente preocupados por el tema de las peatonalizaciones, la puesta en marcha de las cámaras y la zona de bajas emisiones». Los representantes del sector inciden en que, «de momento, teniendo en cuenta esta notificación del Procurador del Común, no debe emitirse estas sanciones» por parte del Ayuntamiento de León.

Menéndez abundó en que «en esa resolución del Procurador del Común también se hace referencia a que debería retrotraerse a la posición anterior del proyecto que se vendió electoralmente, hablando como propuesta programática, que era de un calmado de tráfico». El portavoz de los comerciantes incide en que esa primera idea, anterior a las elecciones de 2023, no reconocía que se fueran a cortar las calles, ni que se eliminarían los aparcamientos en superficie asociados, que han dejado el entorno con más problemas aún para estacionar.

La realidad, ya con Diez reafirmado en la Alcaldía, se reveló diferente. Ese eufemismo del «calmado del tráfico» se convirtió en unas restricciones que, una vez ejecutadas, no acaban de convencer a los comerciantes. Menéndez reclama que se haga «un aparcamiento ambicioso de entre 800 y 1.000 plazas en la parcela de Diputación en Santa Nonia para que así el consumidor pueda decidir dónde realizar sus compras en centro de ciudad o en el alfoz». «Sin él a medio plazo estamos muertos», augura Menéndez.

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