El alcalde de León ignora ahora al comercio y multará en las 13 calles con circulación restringida
La desestimación exprés de los escritos presentados acelera la aprobación de la normativa para el viernes. La ordenanza entrará en vigor a final de octubre después del rechazo de las alegaciones del sector
Alfonso V es una de las calles afectadas.
La ordenanza de movilidad, en la que se asienta la zona de bajas emisiones de León y las nuevas restricciones de paso por 13 calles del centro de la ciudad, seguirá adelante este próximo viernes por encima de las alegaciones presentadas por los comerciantes. No se frena ni siquiera por las reclamaciones de las cuatro asociaciones del sector. León Norte, León Gótico, León Centro y Aleco desmienten la coartada que publicitó el alcalde, José Antonio Diez, para justificar que «el calmado del tráfico» que prometió antes de las elecciones se convertía de pronto en la prohibición de circular por Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero y Ramiro Valbuena.
El gobierno del PSOE, que cuenta con el apoyo de UPL, aprobará en el Pleno de manera definitiva la normativa con la que podrá poner en funcionamiento las cámaras de lectura de matrículas para multar a los vehículos que no entran en el listado de permisos para circular por estas vías. La ratificación definitiva se apoya en el rechazo a todas las alegaciones presentadas por los comerciantes, así como del PP y una particular, que se han resuelto en menos de 10 días desde que se presentaron: una tramitación exprés que permite que, a finales de este mes, el Ayuntamiento pueda empezar a multar en estas calles.
A partir de la aprobación en el Pleno, la fecha efectiva queda pendiente del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La disposición final segunda de la ordenanza establece que entrará en vigor «una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles» desde su publicación. El margen adelanta para finales de octubre la puesta en funcionamiento efectiva de las cámaras de sancionar.
Aunque el estreno de los boletines de sanción queda todavía pendiente de que se arregle el atasco de solicitudes de paso por estas calles que habían presentado los beneficiarios antes del verano. Sin personal para atender todo el papeleo, los ciudadanos colapsaron las dependencias municipales con la alerta de que no habían recibido confirmación para poder circular a partir del 20 de julio, tras otra intentona anterior del 1 de marzo paralizada por las críticas vecinales. Aunque, justo entonces, el equipo de gobierno de Diez se topó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dictada como contestación al recurso del PP, en la que se declaraba la suspensión cautelar de los bandos de Alcaldía con los que se pretendía sustentar las restricciones.
Esta irregularidad se supera con la aprobación de la ordenanza de movilidad, según el criterio del equipo de gobierno socialista. La postura choca con la defensa tanto del PP como de los comerciantes, que exigen al alcalde que retome el proyecto original que vendió justo antes de las elecciones: un «calmado del tráfico» que no implica la restricción de paso por estas calles, sino tan sólo la limitación de la velocidad a 10 kilómetros por hora.
La desestimación de las alegaciones adelanta la pugna judicial. Las asociaciones de comercio defienden que «la ordenanza está avocada a que se declare su nulidad», como se contempla en sus escritos, en los que insisten en que «el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pmus) debe existir y estar actualizado con anterioridad a crearse las zonas de bajas emisiones». «No se puede obviar que dicho Plan de Movilidad al que se refiere el Ayuntamiento, por su fecha, no podía estar contemplando ninguna zonificación de bajas emisiones (ZBE)», apostillan los cuatro colectivos, que recuerdan que el TSJ «ya declaró la nulidad de la ordenanza reguladora de la ZBE de Segovia precisamente porque esta no estaba incluida en el Pmus municipal».
En sus alegaciones, los comerciantes alertan de que «se realiza la aberrante comparación de la ciudad de León con Madrid para justificar que no perjudicará a la economía ni, en especial, a los comercios incluidos en la ZBE». Frente a esta visión, las asociaciones subrayan que «el sector hostelero y especialmente comercial se verá afectado negativamente por la implantación de la ZBE, ya que se espera una reducción significativa en la afluencia de público debido a estas medidas». «No se garantiza que las pymes puedan operar bajo condiciones de competencia justa. Pues el consumo se va a dirigir hacia los grandes centros comerciales y supermercados periféricos de la ciudad, que gozan de toda facilidad de acceso», sentencian.