El Ayuntamiento de León no devolverá los 3,7 M€ de la tasa ilegal de la basura antes de final de año

Ni se ha devuelto seis meses después de que se dictara la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ni se hará como pronto hasta el próximo año. Los 3.728.616,5 euros ingresados por la tasa de los servicios de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a doméstico de 2024 siguen en la caja del Ayuntamiento de León, mientras los titulares de los cerca de 78.000 recibos que cumplieron con el desembolso antes del fallo judicial y a los que se prometió el reingreso de oficio se mantienen a la espera del recperar unas facturas que, en el caso de los particulares, se ajustan a 38 euros por vivienda sin discriminación por metros cuadrados, pero que en los casos de los comercios ascienden a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros.

No saldrán de las arcas municipales hasta que se promueva el «expediente de revocación de actos administrativos» que extienda los efectos a todos los contribuyentes. No se puede prescindir de este paso, como han avisado los técnicos municipales al concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, si no quiere que trasladen el informe con advertencia de ilegalidad al Tribunal y al Consejo de Cuentas. No cabe una devolución de oficio sin más, como comprometió el alcalde, José Antonio Diez, al descolgarse a mediados de enero, tras asumir el fallo como le recomendaron los servicios jurídicos sin recurrir al Supremo, con el anuncio de que «sin ningún lugar a dudas se devolverán los importes íntegros a todos, independientemente» de que hubieran presentado recurso.

Para hacerlo se necesita completar el expediente de revocación de actos administrativos. Pero este trámite, que requiere una sucesión de plazos, no se ha iniciado siquiera, ni tampoco se contempla la partida económica en el borrador del presupuesto de este año que el equipo de gobierno quiere aprobar en julio, si al final logra el apoyo o la abstención de UPL.

En este escenario, «la sentencia sólo surte efectos respecto del demandante y la empresa Property Let SL, sin que contenga referencia alguna a la extensión de sus efectos al resto de obligados tributarios», como se recalca en el informe de control financiero emitido por Intervención. En el documento, el titular del área, Gabriel Menéndez Rubiera, insiste en que «la resolución que se dicte en el procedimiento especial de revisión deberá resolver de forma expresa y motivada la cuestión de aplicar sus efectos sólo a los recurrentes, o bien de extender sus efectos al resto de obligados tributarios».

El interventor reseña que, en la contabilidad, «se reconocen derechos por importe de 5.132.990,70 euros en 2024, de los que tan solo se ingresan 9.898 euros» en ese año, pero a los que se suman «otros 3.718.718,50 euros en 2025». Las entradas se corresponden con los pagos que los contribuyentes empezaron a desembolsar a partir de octubre, cuando el Ayuntamiento de León, con un año de retraso, notificó con acuse de recibo en los domicilios, como exige la ley para los nuevos tributos, la tasa de tratamiento que hasta 2023 gestionaba Gersul. Fuera quedaron otros 1.404.374,20 euros apuntados como «derechos reconocidos pendientes». Por eso, el expediente debe apuntar no sólo la revocación de las liquidaciones ejecutadas de manera efectiva, sino también del cobro.

La extensión de los efectos de la anulación de la ordenanza a todos los contribuyentes, como se subraya en el informe de Intervención, dará lugar a «una reducción del Remanente de Tesorería por importe de 5.132.990,7 euros». Aunque el Ayuntamiento de León no sólo perderá estos fondos, sino el triple porque, sin normativa en la que sustentar los cobros, a la devolución de la tasa de 2024 se suma la imposibilidad de pasar los recibos de 2025 y 2026. Esta ausencia de ingresos no quita para que el consistorio deba abonar a la Diputación estas cantidades por el uso del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).

A mayores, como propina, la administración municipal anota además como pérdidas los 448.949 euros del contrato adjudicado a Correos para que hiciera las notificaciones con acuse de recibo en los domicilios. No sirven de nada, pero ya se han pagado, a pesar de que los técnicos habían recomendado a la Concejalía de Hacienda que no pusiera al cobro la tasa de tratamiento de 2024, ni tampoco girara los recibos, hasta que se resolviera el pleito judicial. En contra de este consejo, el equipo de gobierno tiró para adelante, después de que tuvieran como antecedente la anulación también por parte del TSJ de la tasa de 2025 que unificaba las antiguas de recogida y de tratamiento.

Ahora, pendiente de devolver la tasa de tratamiento de 2024 y sin opción de cobrar los dos últimos ejercicios, en el aire queda otros posibles reveses. Intervención ya ha advertido de que la ordenanza fiscal de recogida de basura con la que se han hecho los cobros del pasado año y el actual «no ha sido adecuada a la Ley 7/2022, a la fecha 10 de abril de 2025», al vencer «el día 10 de abril de 2025» el «límite» de «tres años que fijan los artículos 11.3 y 12.5 para regular el servicio integral y establecer la tasa». «Para los ejercicios 2025 y 2026 no va a ser posible, por carecer de ordenanza fiscal vigente que le dé soporte, liquidar ni recaudar ingreso alguno por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos», sentencia el informe, que deja caer que, si alguien recurriera, podría anularse todo.

Por si fuera poco, aún no hay ordenanza para cobrar, a partir de 2027, de manera unificada los servicios de recogida y tratamiento de basura. Se ha encargado la redacción a una empresa externa, pero el interventor ya ha avisado de que, «para el ejercicio 2027 va a ser imposible disponer de los instrumentos normativos necesarios para poder liquidar derecho alguno por este concepto».