El año que lanzó a la calle a 328 leoneses

Sexto año de la crisis. En León, el 2013 sacó a la luz las caras del desahucio. Rostros desesperados y voces entrecortadas. Gritos y pancartas de lucha. En los diez primeros meses los juzgados de León y Ponferrada acordaron 328 órdenes de desalojo —lanzamientos, en la jerga judicial— de otras tantas viviendas. Por impago de alquiler o de hipoteca.

A. D. encaja en los dos casos. En 2010 firmó un contrato privado de alquiler con opción a compra. «Pagaba mil euros al mes y en el 2015 el piso era mío», explica esta mujer viuda. A la falta de trabajo se sumó la llegada de su hija y sus dos nietos a casa tras una separación matrimonial. Espera la orden de lanzamiento de un día para otro.

«Me veo en la calle con los niños pequeños, son momentos muy difíciles, siento impotencia... pero seguiré luchando», afirma. Debe 18.000 euros y su familia le intenta ayudar para conseguir una hipoteca con la que pagar los 35.000 euros que la convertirían en propietaria de la vivienda. «Con mi pensión de 700 euros ningún banco me va a dar una hipoteca, lo están intentando mis padres», cuenta.

Un cartel de Stop Desahucios en los juzgados de León la llevó hasta la asociación que en su primer año de funcionamiento en la capital ha gestionado un total de 86 casos de personas amenazadas por ejecuciones hipotecarias, 65 de familias españolas, doce de familias ecuatorianas y otras cinco familias de otros países latinos. El resto son originarios de países europeos

Por residencia, 39 familias que viven en la ciudad de León, incluyendo Puente Castro y Armunia, doce en el municipio de San Andrés, diez en Villaquilambre y 18 en otras localidades de la provincia de León.

También han llevado el asesoramiento de cuatro casos de desahucio por impago de alquiler. Según su coordinadora, Olga Rodríguez, 4 casos de alquiler «en uno de los casos se evitó el desahucio y permanecieron en la vivienda y otros dos casos, las familias encontraron otras viviendas donde mudarse».

En Ponferrada, la asociación Stop Desahucios lleva cuatro años de andadura y acumula ya 587 expedientes de ejecuciones hipotecarias del Bierzo, Laciana y Maragatería.

«No es verdad que hayan bajado las ejecuciones hipotecarias, otra cosa es que no se llegue al desahucio vía judicial y, sobre todo, que ahora los jueces tienen que mirar si había cláusulas abusivas», afirma Juan Álvarez, portavoz de Stop Desahucios en Ponferrada mientras lee la lista de casos de diferentes entidades bancarias que han llegado a sus oficinas. Más de 120 son de la comarca de Laciana, donde el crack de la minería ha dejado al borde de la calle a familias que, antes de la crisis, tenían una vida acomodada y decidieron endeudarse para no pagar un alquiler.

Helena es una de las afectadas de Ponferrada. Está pendiente de una dación en pago. Trabajaba en una cantera de pizarra en La Cabrera y en 2006 decidió comprarse un piso en la capital del Bierzo. El piso le costó 83.500 euros y el banco le dio una hipoteca por importe de 88.000 euros «para los gastos añadidos».

Ella se fijó más en la cuota mensual: 401 euros. Como todo el mundo en la era de la burbuja, pensó que esa cantidad era mejor que pagar un precio más o menos igual que un alquiler. Su vida cambió de la noche a la mañana. «Me quedé embarazada y cuando tuve a la niña dejé de trabajar porque estaba sola y no podía atenderla», explica.

Agotó el paro y luego fue trabajando «en lo que encontraba», pero llegó un momento en que «no podía pagar las cuotas». Tampoco tiene derecho a ayudas porque no tiene una sentencia que obligue al padre de su hija al pago de una pensión alimenticia, aunque en la práctica es quien le está ayudando.

«Me daban dos años de alquiler social, pero no tenía ni para pagar la luz y el agua, así que el padre de mi hija nos dejó su piso hasta que encuentre algo», explica. La deuda con el banco asciende a 70.000 euros y para ella la mejor solución es la dación el pago. «Cuando me dijeron que me la concedían me quedé más más tranquila», confiesa.

La dación en pago es una de las salidas, pero no la única. Stop Desahucios de León ha negociado cinco daciones en pago, que suponen la condonación de la deuda a cambio del piso que pasa a ser subastado como propiedad del banco por el importe de la deuda.

Con el Banco Popular han negociado nueve casos. «Dos acudieron a nosotros después de subasta aunque continúan en su vivienda», explica Olga Rodríguez en el informe anual. Con el Banco Sabadell tienen dos casos, firmaron una dación «aunque no concedieron a los afectados el alquiler social», puntualiza.

Otros dos casos proceden del Banesto, que se han solucionado con dación y subasta. En Bankia otros dos casos, con una subasta. La familia afectada «continúa en su vivienda después de acogerse a la moratoria de dos años prevista por la L1/2013», agrega.

Con el BBVA han tramitado ocho casos, tres de ellos después de lanzamiento y uno en ejecución judicial. La lista de entidades bancarias y financieras es inmensa. Caja Laboral: tres casos. Uno se resuelve mediante una carencia de las que contempla el RD 6/2012. Y tienen dos solicitudes de dación, una de ellas solicitada tras la demanda.

Cinco casos llegaron de personas hipotecadas con Caixa Bank. Se ha logrado una dación y alquiler social en la propia vivienda. De Caixa Catalunya Bank tienen una familia un caso en proceso judicial. Caja Rural de Zamora: un caso en proceso de negociación tras la demanda judicial.

El Banco Ceiss —antes Caja España— es el que ha generado más expedientes en Stop Desahucios de León: 29. «Se han resuelto siete: uno por condonación de la deuda, apalabrada aunque no firmada», precisa la portavoz de Stop Desahucios. Tres se han acogido al Real Decreto 6/2012 que prevé carencias de pago de cuota durante un tiempo determinado. En dos casos la vivienda ya ha sido subastada, pero han logrado una moratoria de dos años tal y como prevé la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También se logró una carencia de dos años.

De Citifinancial tienen dos familias. Se han resuelto mediante condonación de la deuda después de subasta y otra venta con condonación. Otro caso es de General Electric Bank resuelto después de subasta y posponer un mes el inmediato lanzamiento. De Ibercaja asesoraron dos casos de impagos y aún sin requerimiento judicial. Con NovaCaixa Galicia (NCG), de seis expedientes, dos se resolvieron con daciones y ocho del Grupo Santander (Banco Santander, UCI, Consumer Finance) con una dación y dos carencias.

Las sentencias de desahucios —tan solo 24— fueron casi testimoniales, según los datos facilitados por la Audiencia Provincial de León. Pero los lanzamientos superan el número de adjudicaciones de ejecuciones hipotecarias del 2012, cifradas en 285 por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.