San Andrés, un municipio límite que se juega 9 M€ de tributos del Estado
UPL encadena un año sin presupuesto y sin liquidar 2024, lo que impide 'tocar' los 25 M€ de remanentes. La subida del agua, la tasa Gersul y la estabilización se suman al parón administrativo

La esperanza de abrir el puente de San Juan de Dios este año vuelve a figurar en la carta a los Reyes Magos.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se asoma al abismo económico. La gestión de la UPL afronta un semestre crítico con cuatro tareas urgentes que no admiten más demora: la liquidación del presupuesto de 2024, la formulación de la Cuenta General, la aprobación de un Plan Económico-Financiero y la elaboración de unas cuentas actualizadas que jubilen, por fin, al presupuesto prorrogado de 2020.
La situación es límite. La inestabilidad en la Intervención municipal —marcada por la ausencia de un titular y la negativa de accidentales a asumir expedientes económicos— ha dejado en el aire esa liquidación. Si este trámite no se completa antes del 31 de marzo, el Ministerio de Hacienda activará el botón rojo: el bloqueo de las transferencias del Estado, que rozan los 9 millones de euros (el 30% del presupuesto total). Este escenario supondría un colapso real en el pago de nóminas, facturas a proveedores y servicios básicos.
De hecho, sin liquidación no hay Plan Económico-Financiero, y sin éste, el municipio no puede 'tocar' los cerca de 25 millones de euros que duermen en los bancos como remanentes de tesorería. Un dinero «secuestrado» que debería ir destinado a inversiones en servicios y equipamientos hoy agonizantes. Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue sumido en un conflicto con la Junta de Castilla y León por el proceso de elección del Interventor, una pugna que la oposición califica de «juego del gato y el ratón» y que solo castiga la operatividad del Ayuntamiento.
La parálisis administrativa tiene su reflejo en la calle. El municipio arrastra una gestión del personal deficiente, sin una RPT que organice el organigrama y con un absentismo laboral que requiere un plan de choque inmediato. Esta falta de estructura se traduce en servicios públicos tensionados, con averías constantes en la maquinaria y una recogida de basuras deficiente.
A ello se suma la «sangría» de Gersul. La gestión de esta tasa ha obligado al Ayuntamiento a asumir cerca de un millón de euros cada ejercicio, un agujero que limita aún más la capacidad de maniobra de una UPL cuya gestión en este punto es duramente cuestionada por la oposición, que lamenta que el asunto se trate tarde «y mal y sin el convenio con las juntas vecinales».
Los procesos de estabilización, claves para reducir la temporalidad del personal, están paralizados pese a que las convocatorias se publicaron hace un año. Especialmente sangrante es el caso de las 25 auxiliares de ayuda a domicilio, que esperan desde junio por sus certificados de servicios prestados.
La sombra de la ilegalidad planea sobre estos procesos. Por un lado, la Oferta de Empleo Público (OEP) de mayo de 2022 podría estar caducada, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo marca un límite de tres años. Por otro, existe el riesgo de impugnación al no haberse reservado plazas para personas con discapacidad, una exigencia legal reciente que podría invalidar las convocatorias actuales.
La oposición coincide en que UPL intenta culpar al resto de partidos de los asuntos que no avanzan, «cuando el verdadero freno es técnico y administrativo». El PP ya advirtió que la «nefasta gestión económica de UPL acabará con el embargo de los tributos del Estado y culparán a la oposición de nuevo». Vox asegura que «el dinero existe, casi 27 millones, pero está bloqueado por la incapacidad de la UPL para gestionar. Usan el vandalismo y a la oposición para tapar su propia incompetencia», mientras IU lamenta que «no sabemos cuánto se ha gastado ni podemos tramitar créditos extraordinarios por su falta de tramitación. San Andrés necesita que la UPL aprenda a gestionar de una vez en este 2026».
Cs opina que el bloqueo administrativo «es muy preocupante», y, aunque la situación del personal «es complicada, urge una estructura clara y un control real del absentismo». El PSOE va más allá y ve «una falta de peso político evidente. Se limitan a mandar cartas al ministro Puente a través de intermediarios, mientras los proyectos de integración ferroviaria duermen en un cajón y solo han adquirido 7 contenedores frente a los 410 de la etapa anterior». Al menos, UPL ha logrado sacar adelante el Plan Antifraude y el del Ruido, y está cerca de lograr el de Igualdad.
1-Sin presupuesto y riesgo de intervención. Tanto los ejercicios de 2023, 2024 y 2025 se han saldado sin presupuesto propio, aunque UPL asegura que el de 2025 está en borrador y confiaba haberlo aprobado en verano.
2-Sin liquidar el ejercicio de 2024 ni Cuenta General. La liquidación tenía que estar aprobada en el primer trimestre de 2025. El interventor accidental economista se negó a efectuarla. Está en juego que el Ministerio de Hacienda retenga las entregas de tributos del Estado, unos 9 M€. Sin liquidación no se pueden tocar los 25 M€ en remanentes de tesorería. La Cuenta General debía haberse aprobado y mandada al Consejo de Cuentas de CyL antes del 31 de octubre para que la fiscalizaran.
3-Sin subida del agua. Aunque se aprobó inicialmente en el pleno de octubre, UPL no mandó el acuerdo a publicar hasta el 11 de noviembre. El periodo de exposición de 30 días finalizó el 24 de diciembre pero no se convocó una comisión o pleno extraordinario antes de fin de año, de modo que siguen vigentes las tarifas anteriores y el primer trimestre, al menos, no se cobrará la actualización.
4-El reglamento de la tasa de recogida de basuras. Se llevó a pleno por tercer año en diciembre sin el convenio con las juntas vecinales que exigía la oposición e informe de intervención desfavorable. No pasó ni la urgencia.
5-Sin estabilizar a 103 empleados e informático. Siguen sin finalizarse ningún proceso, aunque las convocatorias llevan publicadas en el BOE desde finales de 2024 y principios de 2025. Los 25 auxiliares de ayuda a domicilio aguardan desde junio los certificados de servicios prestados con riesgo de que la OEP esté caducada porque era de mayo de 2022 y el Tribunal Supremo dice que caducan a los 3 años, o bien que no se reserven plazas a personas con discapacidad. El informático también aguarda tomar posesión tras el baile entre el primer y segundo puesto.