Cuatro mil usuarios de la León-Asturias pleitean por la devolución del peaje

Algo se mueve contra el peaje de la autopista León-Asturias. Alrededor de cuatro mil usuarios ya están inscritos en un registro de afectados para reclamar la devolución del dinero pagado por el tránsito en la vía. Todo deriva de la secuencia de obras y tasas, que no termina de encajar en la eficiencia del servicio por el que se paga. La muestra del pleito que se siguió por la plataforma de afectados de la AP-9, con motivo de las obras en el puente de Rande, tiene una analogía en la autopista asturleonesa. La Unión de Consumidos de Asturias cifra en sesenta millones de euros el beneficio ilícito que la concesionaria del peaje ha podido obtener en este proceso. Que toma como referencia el mes de noviembre de 2024, con aquel desprendimiento que dejó atrapado el punto kilométrico 76 de la estructura; el corte total de la autopista por más de dos semanas, lo que impidió la circulación por una plataforma de alta capacidad entre León y Asturias. Luego, la reapertura se produjo condicionada por un paso en embudo, un bypass, que reduce de forma considerable las prestaciones que buscan los usuarios de una autopista de pago cuando eligen circular a través de esta plataforma. La carga de incidente se incrementó el pasado verano, desde julio, al implantar obras en la secuencia de los túneles del vial, con carriles alternos para la circulación, cortes totales, circulación en carril único, retenciones, retrasos en el tiempo recorrido. El relato está recogido en el historial de la autopista, el malestar de los usuarios, que no encontraron en este tiempo, y desde esa fecha, una compensación ni reducción en el coste del trayecto. Está apuntado en el debe de la causa demandante, que sustentan los cuatro mil usuarios de la autopista inscritos entre los afectados, que respaldas con el alistamiento el cálculo de que la concesionaria habría recaudado ya cerca de 30 millones de euros desde que entraron las piquetas y se alinearon los conos que seccionan las plataformas de la autopista. Según publica el diario El País, la Unión de Consumidores añade otra factura pendiente, de más de once millones de euros, por el beneficio del cobro cuando se aplica un criterio proporcional al tramo afectado. La Unión de Consumidores ya solicitó la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abuso, la ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese de la práctica, que se implanten las reducciones proporcionales y automáticas, además de una sanción económica disuasoria. Que se eleva en la propuesta a una cuantía cercana a los 60 millones de euros. En base a la cuantía de usuarios que a diario circulan a través de esta plataforma, entre ocho mil y nueve mil, se pueden computar dos millones de afectados en poco más de medio año que duran las obras.

En otra línea de demanda, la federación Asturiana de Empresarios, Fade, informó ayer del inicio de una sesión de litigio contra la concesión del peaje, en busca de la nulidad de pleno derecho contra el decreto que amplió en veintinueve años el plazo concesional de la autopista de la AP-66. La patronal asturiana señala en una nota que «arranca así» la batalla jurídica contra el peaje, y añade que el consejo de Ministros tiene seis meses para responder a esta petición de nulidad contra la ampliación de la concesión. Con esta iniciativa, asesorada por Ontier, el tejido empresarial asturiano activa la vía legal para revisar una decisión que ha supuesto un «sobrecoste injusto» y «sostenido en el tiempo» para las empresas asturianas. Fad, Asetra-Cetm Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR defienden que la ampliación del plazo constituyó una «modificación sustancial» de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea, «debería haber dado lugar a una nueva adjudicación y no a una mera modificación contractual». La presidenta de Fade, María Calvo, añade que no se trata de un «debate técnico» y sí de una cuestión de «igualdad», por lo que Asturias «no puede competir con una desventaja estructural» en su principal vía de conexión. La carga legal contra el peaje de la asturleonesa se diversifica.