La única defensa posible de la infanta es alegar que no sabía nada

«No lo sabía». «No me constaba». Nadie en los juzgados de Palma duda de que esas frases, o similares, saldrán una y otra vez de la boca de la infanta durante su interrogatorio de mañana. Ninguno de los juristas del caso Nóos duda de que la única estrategia de defensa de Cristina de Borbón pasa por mostrarse ignorante de la economía familiar y, sobre todo, de las cuentas de Aizoon, la empresa de la que es copropietaria con su marido y por la que está imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La estrategia de la duquesa, explican fuentes del proceso, desde luego no será innovadora, pero es sin duda efectiva. Alegar desconocimiento y no contestar a casi nada para no comprometerse. Es, dicen, un «clásico» en los tribunales cuando la imputación es el delito fiscal y, como en este caso, las pruebas documentales de las irregularidades son indiscutibles. «Ante la imposibilidad de negar los pufos que Aizoon cometió a la Agencia Tributaria, la única salida de la infanta es desvincularse todo lo posible de la dirección de Aizoon», sintetiza uno de los abogados que este sábado estará presente en el interrogatorio.

Los letrados de la hija del rey saben que no será fácil, pero también son conscientes de que su cliente tiene algunas cartas en la manga para defenderse. Su punto más fuerte, y que sin duda tratará de explotar una y otra vez, es que su cliente jamás fue socia administradora de la inmobiliaria pantalla que sirvió para desviar cerca de un millón de euros desde el Instituto Nóos a los bolsillos de la pareja, amén de convertirse en una suerte de caja familiar, incurriendo en el doble delito de no tributar como IRPF esos ingresos y, de paso, aminorar la base imponible del Impuesto de Sociedades de Aizoon al cargar como gastos compras y servicios privados que nada tenían que ver con la inmobiliaria que jamás vendió un piso.

No hay un solo papel en la causa que demuestre que la hija del rey tomó decisiones ejecutivas en la compañía, cuyo administrador único, desde su nacimiento en 2003 hasta la actualidad, ha sido y es Iñaki Urdangarín. Es más, a diferencia de su marido, ella nunca facturó trabajos de asesoría a la empresa ni figura como titular única de ninguna de las cuentas de Aizoon, más allá de un primer depósito abierto en 2003 y que se cerró muy pronto.

A esos argumentos tendrá que agarrarse una y otra vez para intentar cubrir las lagunas que presenta la táctica de defensa de culpar de todo al «socio administrador». La primera es que aunque ella no dirigiera la empresa, participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de Aizoon, según las actas que firmaba su marido. En esos encuentros se aprobaban por unanimidad de los dos socios unas cuentas a las que la hija del rey daba el visto bueno a la fórmula que está en el epicentro del delito fiscal; esto es que todos los beneficios de la sociedad se pasaran a «remanente», evitando repartir dividendos entre los socios, lo que hubiera obligado a tributar ese dinero como «capital mobiliario». Y terminar disponiendo de forma indirecta de esos beneficios cargando continuamente contra las cuentas de las empresas gastos privados.

Ahí, los abogados de la infanta saben que su cliente estará en un callejón sin salida, atrapada por la máxima del derecho de que «el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento».